Varios asambleístas durante sus intervenciones dejaron claro que no se privatizará el agua.

El asambleísta Miguel Carvajal (AP), presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y ponente del proyecto destacó las bondades del documento.

Dijo que respeta el orden de prelación definido por la Constitución: primero el agua para el consumo humano; segundo, el agua para el riego; y, tercero para la producción de la soberanía alimentaria. Además que garantiza el caudal ecológico, los distintos usos y aprovechamiento del agua y la sostenibilidad de los sistemas.

“Habrá tarifas diferenciadas para el consumo y obviamente también tarifas diferenciadas entre el consumo normal, el de riego y el de aprovechamiento industrial”, refirió Carvajal.

NO APOYAN. El representante de CREO, Raúl Auquilla, presentó una moción para que se vote artículo por artículo, propuesta que fue apoyada por el socialcristiano Luis Fernando Torres.

Mientras que César Umajinga, del movimiento de las izquierdas, dijo que no darán su voto a la Ley de Aguas porque aseguró no responde a las necesidades de las comunidades indígenas. 

Previo a su aprobación, varias marchas se desarrollaron en rechazo al contenido de dicha normativa. 

Decenas de miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), con una bandera y un megáfono gritaban consignas contra la norma, mientras en el medio los policías separaban a ambos bandos. 

El dirigente de la Conaie, Severino Sharupi, explicó por que la organización se opone a la norma. 

“Es una ley que en el fondo seguirá beneficiando al capital privado, y seguirá marginando la decisión de los sectores organizados y de la Junta de Aguas”. 

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, dijo que respetan las movilizaciones por la Ley de Aguas, “pero agradecemos a las 7.000 personas que exigieron y apoyaron la aprobación de Ley de Recursos Hídricos”.

LA LEY. Esta ley que será sometida a veto presidencial, prohíbe “toda forma de privatización del agua por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, por lo tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria”.