El Ing. Rolando Vilas, asesor internacional que tuvo Corpecuador en la primera fase de reconstrucción luego de los fenómenos El Niño, en sesiones de trabajo repetía siempre que un puente no puede caerse cuando ya se disponía de la tecnología computarizada para sus estudios, pero sí existía responsabilidad muy alta en la fiscalización si algo negativo ocurría. Esto viene a propósito de que están frescos los sucesos de colapsos de puentes muy importantes y costosos en Manabí y en el suroriente del país.
Los puentes y vías son para unir y aún si los daños y remediaciones se resarcen, los nuevos plazos y demoras de ponerlos en servicio son ya un grave perjuicio para las comunidades y el propio estado, por lo que tiene que exigirse una fiscalización muy profesional y severa en toda obra pública de esta índole, y poner en funcionamiento serias veedurías ciudadanas para todos los casos, como lo establece el Art. 208 de la Constitución vigente. A su vez los GAD cantonales, mientras tengan entre sus obligaciones el suministro de agua potable, sus autoridades en funciones y los que se aprestan a asumir el 12 de mayo próximo, deben extremar la formación de equipos y trazar planes para enfrentar la problemática del suministro, seguro de la que resulta la necesidad número uno en reclamos populares. Tenemos que aceptar que se dio un gran paso en Manabí con las represas de Poza Honda y La Esperanza, pero falta llevar el agua desde los reservorios hacia los miles de habitantes que todos los días requieren del líquido vital como elemento para la salud y el bienestar de todo el conglomerado humano e incluso para animales y plantas. Acertar en este campo será clave en el éxito del recambio político – administrativo que estamos próximos a vivir.