Las leyes vigentes son claras y precisas, obligando a las instituciones y empresas prestatarias de servicios públicos, a que estos deben ser óptimos y  a satisfacción del usuario, eficientes y permanentes. Pero esto no sucede así, como si no importara la seguridad ciudadana,  con el agravante que, a pesar de no funcionar ese alumbrado público, la empresa correspondiente lo factura y lo cobra mes a mes, lo que constituye un abuso y un atropello más  al vecino del sector.

Cabe destacar que la Constitución vigente dice que “las personas o entidades que presten servicios públicos o produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio”. Y si bien es cierto que este servicio eléctrico no está en el ámbito municipal, la ley obliga a la respectiva municipalidad a velar por la eficiencia del mismo, para lo cual este organismo autónomo descentralizado debe controlar, inspeccionar y presionar a que se  mejore ese suministro en aras del buen  vivir y de la seguridad ciudadana, porque todo lo que se haga por el bien común es positivo y merecerá siempre el reconocimiento general, al hacerse notorio por parte de la empresa que da la energía eléctrica, que esta tiene que ser de buena calidad porque hay otra entidad que bajo el mandato legal así lo obliga y exige.

Estas fallas en el control eléctrico también originan problemas en el suministro de agua potable, ya que a más de las roturas en las tuberías de conducción, así como  la falta de potencialización en el bombeo, el sistema se paraliza por los consabidos y prolongados apagones en el sector de La Estancilla, que es en donde está la planta de tratamiento de agua potable.