Sectores completos donde prima el comercio de la ciudad, cerrados e inutilizados por largo tiempo en una época propicia para las ventas, como son estas fiestas de fin de año, por culpa y gracia de estos depredadores del dinero público que gozan y tienen patente de corso para hacer lo que les da la gana, frente autoridades pusilánimes que no se atreven a castigar y poner tras las rejas a estos descarados infractores.

La calle Alajuela de esta capital manabita, sector donde está inmerso el mercado barrial No. 1 y todo un entorno de puestos y plazas de trabajo en el comercio formal e informal, es uno de los vivos ejemplos de la tolerancia que tiene la población en soportar tanto descaro y abuso de contratistas que no le temen a nada ni a nadie; y ni siquiera son objeto de la más mínima responsabilidad señalada por este despilfarro del dinero público.

Comerciantes, transeúntes, taxistas, entre los tantos perjudicados ante el cierre de calles y avenidas que han caotizado a la ciudad capital, que miran atónitos cómo en este gobierno, que ha propiciado tanta reforma a leyes y reglamentos, siempre en materia punitiva y sancionadora, la contratación pública, como en este caso puntual enumerado, el organismo de Control, la propia Fiscalía del Estado, no hayan tomado cartas en el asunto, iniciando acciones inmediatas y ejemplarizadoras contra este contratista infractor.

Cómo es que frente a tanto combate a la corrupción que este gobierno está propiciando y en varios frentes, sin contemplaciones de ningún tipo, delincuencia, usura, medios de información, lavado de activos, etc., los cambios que se están dando en materia de contratación pública en ninguna de las reformas implementadas conllevan sanciones preventivas de carácter penal y de resarcimiento del daño causado. Y es esta actitud no asumida por el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que permite que tanto aventurero disfrazado de contratista, con acceso a las entidades del sector público, por el buen manejo que le permite dar los contratos con que se lo beneficia, que no reciba la sanción que su permanente incumplimiento merece.

Y que la autoridad que los contrata igualmente guarde un oprobioso silencio.