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Pueblos indígenas exigieron ampliar inclusión social

Una mayor inclusión social y democrática y el respeto a sus tradiciones y territorios fueron las consignas de los aborígenes en Latinoamérica al celebrarse ayer el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Sábado 10 Agosto 2013 | 09:41

Con motivo de esta jornada mundial, establecida por Naciones Unidas en 1994, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió "preservar el vigor cultural" de los pueblos indígenas en busca de "la inclusión social y el desarrollo sostenible".

Asimismo, resalto "la riqueza de la diversidad" que aportan estos 5.000 grupos indígenas distribuidos en alrededor de 90 países y que suponen 370 millones de personas en el mundo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre los riesgos a los que se exponen los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, porque habitan en zonas en las que "a menudo" se realizan actividades de extracción de recursos naturales y sufren explotaciones agrícolas y ganaderas.
"Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas habitan regiones de la selva amazónica y del Gran Chaco en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela", recordó la CIDH en un comunicado.
En cambio, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprovechó la jornada para resaltar que las comunidades indígenas, que sufren un mayor grado de inseguridad alimentaria que el resto de los habitantes de América Latina, poseen conocimientos que pueden ser claves para erradicar el hambre.
"Es de enorme importancia de trabajar codo a codo con ellos para lograr la erradicación del hambre, utilizando su sabiduría ancestral y practicas milenarias como herramientas claves para garantizar la seguridad alimentaria", destacó el representante regional de la FAO, Raúl Benítez.
Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, rindió un homenaje a la "rica herencia cultural" de los pueblos indígenas y lamentó que sean objeto de "discriminación" y "un tratamiento desigual".
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo a Efe que en América Latina y el Caribe viven unos 46 millones de indígenas y que los países que más han avanzado en políticas en favor de los aborígenes son Ecuador y Bolivia.
Hay cerca de 670 pueblos originarios reconocidos por los Estados de América Latina, apuntó Bárcena, quien también destacó los progresos en este sentido en México.
Precisamente, el Gobierno boliviano anunció hoy la preparación de una ley para proteger a las etnias "en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados".
En tanto, el mandatario boliviano, Evo Morales, primer presidente aimara del país, se llevó una sorpresa al conocer los datos del último censo que revelan que sólo un 40 % de los mayores de 15 años reafirma su pertenencia a una nación indígena, frente al 62 % del censo de 2001.
Morales inauguró hoy un Instituto de Lengua y Cultura Quechua en la localidad cochabambina de Cliza (centro), donde dijo que las nuevas instalaciones no son para que los jóvenes aprendan a escribir y hablar en esa lengua indígena, sino "para recuperar la forma de vivencia en colectividad".
Por su parte, el Consejo Indígena Andino del Perú (Conacami), donde habitan 4,2 millones de indígenas (14,5 % de la población), criticó que el Gobierno de Ollanta Humala actúa a "favor del neoliberalismo" y que "se criminaliza en nombre de las inversiones y de un crecimiento económico a favor de los grupos de poder económico".
En Colombia, con unos 1,5 millones de indígenas (3,4 % de la población), el presidente Juan Manuel Santos felicitó a las comunidades indígenas y recordó que en 2014 se realizará por primera vez la Copa América de Fútbol Indígena en Brasil, como antesala al Campeonato Mundial de la FIFA de 2014.
Miles de indígenas guatemaltecos se manifestaron en al menos diez carreteras del país para exigir la cancelación de las operaciones de explotación minera y denunciar la "militarización" de sus comunidades y la "criminalización" de las luchas populares.
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