La recomendación la hizo Marcelo Cevallos, presidente subrogante del Consejo Nacional de Educación Superior (CES). 

“Si bien aquí se sanciona a la institución y ésta es una entidad pública, quienes deberían solventar estos efectos que se han causado son aquellas personas que hayan generado ese ilícito”, expresó Cevallos.

Agregó que es responsabilidad, en este caso, del rector de la universidad, disponer este procedimiento legal, puesto que la propia Contraloría “tendrá que observar el cumplimiento de esta norma emitida por el Consejo de Educación Superior”.

El centro de estudios tiene un plazo de 30 días para pagar la multa.