Esta organización indicó que, aunque la Constitución del 2008 reconoce 21 derechos colectivos y otras disposiciones como el reconocimiento de la autoridad indígena, la facultad jurisdiccional de resolver los conflictos internos o la participación de la mujer, estos derechos "no se implementan en la práctica".

Agrega que esto ha generado protestas en defensa de los derechos a la tierra, derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, entre otros, provocando persecución y en algunos casos “la criminalización de las justas reivindicaciones".

"Como consecuencia de ese proceso de regresión y vaciamiento de contenido de derechos, los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador vivimos actualmente un clima de persecución política y judicial por intermedio de sus principales dirigentes, acusados de sabotaje y terrorismo, fenómeno que se ha dado en llamar la criminalización de la protesta social", agrega  en su informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU. 

Desde ayer, Ecuador se somete en la ONU a un examen especial sobre la discriminación racial.

 

 defensa. Durante su intervención, María Fernanda Espinosa, jefa de la delegación ecuatoriana, destacó los avances que se han dado para eliminar la discriminación racial. 

"Hemos asumido el compromiso de construir el Estado plurinacional y de combatir todas las formas de racismo y exclusión, no sólo por el respeto irrestricto a los instrumentos internacionales suscritos, sino por convicción ética y política", declaró Espinosa.