Desde la óptica jurídica, encontramos que el Reglamento para sancionar a los profesionales del derecho, es una contradicción a los principios que rigen el control disciplinario por parte de las instituciones del Estado, constituyendo un retroceso a los conceptos básicos que sustentan a la Justicia Administrativa, la cual radica en el procedimiento destinado a sancionar administrativamente a los servidores públicos que hayan incurrido en faltas administrativas. Lo que significa, que la Administración Pública tiene competencias exclusivas para sancionar a quienes estén bajo su dependencia laboral, por las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus cargos o funciones.

El artículo 178 de la Constitución detalla los órganos que integran la Función Judicial y sobre los cuales el Consejo de la Judicatura ejerce sus competencias administrativas y de control, entre dichos órganos no se hace mención a los Abogados y Abogadas en Libre Ejercicio Profesional. Sin embargo, en el Código Orgánico de la Función Judicial, el legislador equivocadamente inmiscuye a los profesionales del derecho como un órgano auxiliar de la Función Jurisdiccional y le atribuye responsabilidades administrativas que se originan de procesos judiciales; mientras que a los jueces y juezas, quienes si forman parte directa de la judicialidad, se los excluye de sanciones administrativas por sus actuaciones jurisdiccionales (en los procesos). 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia, consagra la aplicación de normas básicas tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos. En el caso concreto se estaría juzgando a los abogados y abogadas por autoridades no competentes y desconociendo los elementales principios reconocidos en instrumentos internacionales, referentes a la no intervención estatal en el ejercicio privado de los profesionales en Derecho.