Esta disposición es recogida en la resolución 033 – 2012, aprobada el 26 de abril pasado por el Consejo de la Judicatura, que señala que cuando exista una facturación en las notarías sobre el monto antes mencionado, el Estado tendrá una participación progresiva del 5 al 51 por ciento de estos ingresos notariales, siendo estos porcentajes revertidos a la Función Judicial.

El artículo 304, numeral 4, del Código Orgánico de la Función Judicial, dice  que el notario deberá depositar el monto entre los diez primeros días del mes. En caso de incumplir “pagará intereses legales y una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas por retención de fondos públicos (…)”

Las Direcciones Provinciales del CJ han receptado el informe de las notarías, en las que se detallan los montos facturados y el depósito correspondiente. <