Con este decreto, las Fuerzas Armadas seguirán custodiando las instalaciones de la Asamblea Nacional en reemplazo de la Escolta Legislativa, que por años estuvo a cargo de la Policía Nacional.
"Renovar la declaratoria del Estado de Excepción en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional que representa la Función Legislativa de la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, en razón de que algunos integrantes de la Policía Nacional distorsionaron severamente o abandonaron su misión de policías nacionales y por ende sus deberes consagrados en la Constitución y la Ley, mediante una insubordinación policial", señala el decreto del Ejecutivo que hace referencia a los disturbios policiales del 30 de setiembre de 2010.
También se garantiza la seguridad de los asambleístas, personas de la Asamblea, ciudadanos y habitantes del Ecuador que acudan y accedan al organismo legislativo, en todas sus instalaciones en esta ciudad.
La decisión el Ejecutivo está amparada en el artículo 393 de la Constitución que señala "el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia".