"La razón de la salida de Ecuador y presentación de solicitud de protección internacional fueron los temores de un proceso penal y el castigo por supuesto intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010", dice la resolución del Ministerio de Interior checo, a la que Efe tuvo acceso.

Guerrero, de 44 años y candidato por la Concentración de Fuerzas Populares en los comicios presidenciales de 2009, fue en marzo de 2011 acusado de delito de terrorismo y boicot tras ocupar el 30 de septiembre de 2010, con un grupo de simpatizantes, una emisora de televisión pública para dar su opinión sobre la reforma de la ley del servicio público.

Dicha reforma incorporó policías y militares, y causó gran malestar entre los primeros, hasta el punto de que desencadenó serias revueltas en un cuartel policial de Quito y murieron varias personas.

La acusación se produjo con arreglo a un decreto de 1965 -y no según una ley parlamentaria-, cuando en el país andino había instaurada una dictadura.

El Ministerio checo considera que Guerrero "en su patria desarrolló una actividad encaminada a ejercer los derechos y libertades políticos, y que por esta actividad fue perseguido".

En el documento de asilo, que tiene una vigencia de 10 años y es renovable por otros diez, se añade también que "el proceso penal que en su país sigue su curso contra el solicitante y otras doce personas tiene todos los elementos de un proceso político, y la pena que podrían recibir no guarda relación con la seriedad de la culpa".

Tras conocer hoy la resolución, Guerrero declaró a Efe que "estoy muy agradecido por el análisis de los documentos. Los checos han hecho una trabajo jurídico impecable".

Se refirió también a la "mucha gente prófuga de mi país, donde hay muchos juicios contra terrorismo, pero son en realidad opositores al régimen".

El jurista, que ahora reside en la República Checa con su hermano José Luis y está alejado de sus tres hijos, cifró en 250 las personas procesadas por terrorismo, "cuando en Ecuador nadie pone bombas".