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JUSTICIA

Cargos por terrorismo y sabotaje están de moda

Miércoles 27 Junio 2012 | 00:00

Más de mil acusaciones por sabotaje y terrorismo se han presentado en el país durante los dos últimos años.

La revista Vanguardia informa citando a la fiscalía que "en el 2011 se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año, ya se presentaron 128 denuncias similares".
Una de esas denuncias es la que afronta Mery Zamora, actual directora provincial y subdirectora nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD). Ella está siendo procesada porque supuestamente el 30 de septiembre del 2010 llegó a un colegio de Guayaquil a incitar a los alumnos a una protesta.
En julio del 2011 el juez quinto de garantías penales del Guayas, José Tamayo desestimó la causa.
“En una de sus cadenas sabatinas, el presidente (Rafael) Correa plantea  que debe ser reabierta mi causa y efectivamente en octubre del 2011 un fiscal solicita que se la reabra y se comete la primera ilegalidad porque no pasa por la sala de sorteos”, señaló Zamora. 
Ahora el mismo juez Tamayo dictó auto de llamamiento a juicio por sabotaje y terrorismo. A ella quieren aplicarle el artículo 158 del Código Penal.
En la Asamblea Nacional, la bancada plurinacional de los movimientos de izquierda, presentó el pedido de amnistía para 160 dirigentes procesados por el delito de sabotaje y terrorismo. 
En el listado constan Zamora y los 10 detenidos por la Policía en Luluncoto, en el sur de Quito. A estos últimos intentan aplicarles el artículo 160.1 del Código Penal, pero según sus abogados hasta ahora no hay pruebas suficientes. 
 
Informe. Un informe presentado el diciembre del 2011 por la Defensoría del Pueblo del Ecuador señala que: "En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano".
El informe analiza casos reales, discursos y las normas administrativas como penales que han ido construyendo el escenario legal que justifica la criminalización, entre 2007 y 2010.
 
Oficialismo. Para Félix Alcívar, abogado en libre ejercicio, ex asambleísta constituyente y dirigente de Alianza PAIS, no existe en el país un intento de judicializar las protestas. 
“Usted tiene el derecho constitucional de protestar, pero en el momento en que atenta contra la seguridad del Estado, está cometiendo un delito por el que tiene que responder”, señala Alcívar. 
Agrega que la figura del sabotaje y terrorismo siempre ha existido en el Código Penal ecuatoriano, pero otros gobiernos no la aplicaron.
Agrega que la oposición quiere dar otra connotación a determinados delitos tipificados en el código penal como terrorismo y sabotaje. "El hecho de usted esté acusado de un delito no quiere decir que sea el culpable", recuerda. <
 
LO QUE DICE EL CÓDIGO PENAL
CAPÍTULO IV: DE LOS DELITOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO 
ART. 158  Este artículo reprime con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de mil a dos mil sucres a quienes destruyan o afecten servicios básicos, fábricas, centros comerciales, puertos, embalses, minas, vehículos, instalaciones de servicios básicos o espacios de producción con el propósito de producir alarma colectiva. 
ART. 160.1  Este artículo determina reclusión mayor de 4 a 8 años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres contra quienes "individualmente o formando asociaciones" cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos o de sus bienes, asaltando, violentando o destruyendo, allanando o invadiendo lugares, sustrayendo o apoderándose de bienes o valores secuestrados para demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir la libertad de presos; ocupando lugares públicos o levantando barricadas para enfrentar a la fuerza pública en reclamo de sus intenciones.<