Las demandas se darián por varias violaciones a los derechos humanos, las cuales se habrían perpetrado por falencias en la administración de justicia.

En primera instancia los procesos deberán se ventilados en los tribunales de lo contencioso administrativo del país, y tiene el objetivo de reparar los daños ocasionados contra las personas que estuvieron indebidamente privadas de la libertad, informó diario La Hora.

Ernesto Pazmiño, defensor público, indicó que hasta el momento no se descarta tomar acciones a nivel internacional, en caso de que a nivel interno no se consiga reparar los daños y perjuicios.

 

Pazmño asegurño, que la Defensoría Pública, desde su creación en agosto de 2007, se ha topado con casos estremos, que sorprenden a la sociedad.