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Rigen limitaciones de cobertura electoral

Una serie de nuevas normas electorales, entre ellas restricciones a la cobertura de la prensa, entraron ayer en vigor, al tiempo que se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que buscan parar su aplicación.

Martes 07 Febrero 2012 | 00:00

El llamado Código de la Democracia, que prohíbe a la prensa publicar mensajes que incidan a favor o en contra de un candidato y que permite realizar cierta publicidad oficial durante la campaña, al tiempo que establece un nuevo método de cálculo de escaños, se convirtió en ley con su aparición en el Registro Oficial. "Ya está publicado", dijo a Efe su director, Hugo Del Pozo, quien explicó que "entró en vigor". Sin embargo, para que se aplique a los próximos comicios, previstos para el 20 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasarlos, pues la Constitución prohíbe que se ejecuten reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas. El CNE también deberá desarrollar el reglamento para desarrollar las disposiciones. Una de las cláusulas más polémicas es la que establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".<
 
Dos demandas hechas y una por presentar 
 
Asociaciones de prensa, así como la oposición política, cuestionan la ley. "Se pretende amordazar el trabajo de los periodistas en el momento de las elecciones", dijo Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que presentó una de las demandas contra el Código ante la Corte Constitucional. El grupo político Alianza Libertad planteó otra. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Fundamedios y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, anunciaron otra demanda para hoy.
El asambleísta Leonardo Viteri planteó un proyecto de ley interpretativa para garantizar el respeto a la libertad de expresión.<
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