En ciertos estamentos de la actual Banana Republic (llamada en principio Equateur y posteriormente Ecuador), existe una especie de “atracción fatal” hacia lo español. ¡Joder! Recordemos casos mencionados aquí mismitico:

Una: En pleno hervor de la Asamblea Constituyente de Montecristi, se contrata a Viciano Pastor para que nos “de vendiendo” una copia del texto constitucional de Venezuela con la finalidad de adaptarlo a remiendos en la Ley Madre que nos rige desde el 2008 (“Cuenteros a la carta” – El Diario – Sep-4-2007).
Otra: Vino Toño Marineto y su laptop a decirnos (por medio melón $$) que puerto Manta reúne todas las características para convertirse en el “puerto de transferencia de la cuenca del Sud Pacífico”.
Otra más: Desde Carondelet y sus alrededores se trajo a Rafaelo Escutia (llamado por la justicia española por presunto fraude en la contratación de obras del puerto de Barcelona), quien aseguró y convenció que “el puerto de transferencia es un pésimo negocio que no genera riqueza al territorio ni desarrolla su economía”, tirando a la basura la teoría que nos había vendido su paisano (“Marineto Vs. Escutia” – El Diario: jul-31 y ago-7-2011).
Y la última: Acabamos de traer al “zar de la justicia”, al “implacable fiscal”, al “temible paladín del orden y la ley”: Gaspar Melchor Baltasar Garzón, en calidad de “veedor” y “garante” del procedimiento para designar la flamante corte celestial que a partir de ahora se encargará de “darnos dando justa justicia justiciera” a todos y todas los y las ecuatorianas y ecuatorianos.
Hasta aquí lo que conocemos. Pero (el infaltable), lo que no conocíamos es que el famoso fiscal, también español, para variar, (bautizado con los nombres de los tres reyes magos, tal si hubiese nacido en Manabí), tiene también cuentas pendientes con la justicia de su país, según el diario El Mundo de España del viernes último: “El juez Marchena inculpa a Garzón de cohecho impropio”.
El texto de la nota que voy a reproducir a continuación invita a inquietantes inquietudes: ¿Quién decidió invitar (y por cuánto $$$) al susodicho fiscal? ¿Qué validez moral debemos asignar al informe de tal “veeduría”?
Copio textual para que cada cual saque sus propias conclusiones: “El magistrado de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, ha inculpado al juez Baltasar Garzón por el delito de cohecho que habría cometido al pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles un total de 1.2 millones de dólares que fueron entregados en atención de su condición de juez para patrocinar las actividades que dirigió durante sus estancia en Nueva York en 2005 y 2006”.
¿Habrá alguien que nos dé una explicativa explicación? ¿No siente usted, querid@ fan, la desagradable sensación de que aún somos una colonia española, ah?<