Cuando los pobres tienen oportunidad de expresar su condición describen como una de sus mayores carencias la falta de capital social del que derivan los bienes socioemocionales, pues se ha ponderado el costo personal  de dicha condición y se ha prestado menos atención a la pobreza como causa de ineficiencia social y de pérdida de oportunidades de crecimiento. 

Ahí la necesidad de impulsar una política pública que contribuya a favorecer una participación plena de la población en la vida económica, social y política.

En América Latina hay casos como Chile, que basan su combate a la pobreza principalmente en crecimiento económico, pero cuando este crecimiento se deteriora en periodos de crisis económicas externas, si no existe protección a los ingresos laborales las condiciones de los más pobres se ven deterioradas significativamente. También hay casos de transferencias monetarias, como el programa Bolsa Familia en Brasil,   que son transferencias que no dependen del ciclo económico sino que aseguran un mínimo de ingreso si las familias cumplen con ciertas condiciones referidas, especialmente al capital humano de los niños.

Actualmente la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) resalta en un informe sobre la reducción de la pobreza, la eficiencia conque ha manejado la inversión pública nuestro gobierno presidido por el economista Rafael Correa, tal es así que este organismo regional de Naciones Unidas ubica a nuestro país entre las cinco naciones de la región que registraron disminuciones significativas en el número de personas con carencia de ingresos; a pesar de que no se ha firmado ningún tratado de libre comercio (TLC). 

Esto significa que toda la política económica en gasto social ha sido eficiente y se ha constituido en ejemplo para otras naciones vecinas, por el buen manejo de políticas públicas, económicas y una planificación eficiente a través de la Senplades y con lo cual se ha terminado definitivamente ese mito de que tenemos un excesivo gasto social.