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SECTOR PÚBLICO
Diez mil burócratas afuera

Casi 10 mil servidores públicos deben salir del aparato burocrático este año, según la perspectiva gubernamental.

Viernes 22 Julio 2011 | 00:00
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Y deben salir de acuerdo a cinco parámetros: retiro voluntario, jubilación, supresión de partidas, evaluaciones y renuncias forzosas u obligatorias.
Justamente este último tema es el que mantiene tensos a más de 470 mil burócratas en el país, 120 mil aglutinados en la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep).
Es que la compra de renuncias forzosas está establecida en el Decreto Ejecutivo 813, emitido el pasado 7 de julio desde Carondelet, para reformar el Reglamento a la Ley de Servicio Público (Losep) y que pronto será publicado en el Registro Oficial.
Esta situación no era, en definitiva, esperada por los servidores públicos, quienes hasta ahora habían compartido en cierta medida las renuncias voluntarias y las jubilaciones establecidas en la Losep.
De esa manera, los servidores públicos advierten demandas de inconstitucionalidad al Decreto 813. Remigio Hurtado Chacón, vicepresidente de la Conasep, mencionó que “ha sido una tremenda sorpresa. Nosotros le pedimos al Gobierno que apoye las renuncias voluntarias y las jubilaciones. En algunas instituciones se está haciendo, pero en otras no. No es justo que porque en algunas entidades no se apuran, se quiera implementar la obligatoriedad”.
 
Reducción. La perspectiva gubernamental de reducir la carga burocrática ya ha sido evidente en Manabí con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que ha desvinculado a prácticamente medio centenar  de personas en esta provincia.
Es que estudios determinaron que existe una sobre población laboral en las regionales de Guayas y Manabí. Luego, en base al reglamento de Gestión de Talento Humano, aprobado por el directorio de la empresa, se determinó que el personal se desvincule mediante supresión de puesto. Los parámetros fueron: evaluación del desempeño por competencias, y de conocimientos técnicos, señalaron desde el ente.
 TENSIÓN. La noticia de las renuncias forzosas causó preocupación en los empleados públicos de la provincia. Manuel Vinces, presidente de la Asociación de Empleados del Gobierno Provincial, manifestó que se hacen normas que van en contra de la Constitución, la cual garantiza el derecho al trabajo. "No queda más que unirse y luchar", dijo.
Asimismo, expresó que habrá que esperar los comportamientos de las autoridades locales, sí comparten este decreto, o no, para ahí tomar las acciones pertinentes.
Mientras, en la Inspectoría de Trabajo, en Portoviejo, no hay demanda alguna interpuesta por renuncia obligatoria en el sector público, informó José Luis Véliz, inspector laboral.
En la Inspectoría de Trabajo hay  treinta demandas por inconformidades en salidas laborales, en el sector público. De la CNT hay tres casos, uno de ellos, el de Sara Andrade, por renuncia voluntaria; sin embargo, ella se queja porque no le han cancelado la liquidación, desde febrero que salió de este trabajo.
José Ormaza, juez tercero de Trabajo, explica que las  salidas deben tener presupuesto. Y si no hay, el empleado seguirá laborando.
Por eso, en el sector Educación mejor esperan aplicar la renuncia voluntaria hasta que las cosas estén claras, y no suceda como en Salud, donde todavía no indemnizan. <
 
MPD afirma que decreto 813 es "inconstitucional" 
El bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático (MPD) presentará ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias.
Según Luis Villacís, director nacional del MPD, el artículo 8 del decreto ejecutivo "establece la figura de renuncia obligatoria, la cual constituye una inusual forma de separar a los trabajadores de su puesto de trabajo", lo que atenta contra los derechos de los trabajadores, informó-
De otro lado, la asambleísta Nívea Vélez dijo que el martes pedirá al Pleno Legislativo el cambio del orden del día, con el fin de topar el tema de la compra de renuncias en el sector público, a fin de que la Asamblea asuma plantear la inconstitucionalidad del decreto. 
Esto porque, a su criterio, la medida atenta con un principio garantizado en la Constitución que es el derecho a la estabilidad laboral. 
El dirigente de los trabajadores públicos de Pichincha (Quito), Miguel García, se mostró a favor de huelgas, aunque admitió la posibilidad de dialogar con el gobierno.
 
Criterios legales sobre este decreto
El planteamiento del presidente Rafael Correa, según el constitucionalista Milton Castillo, no es legal, porque se aplica sobre algo que no está en la Ley, reseñó El Comercio. “Creo que está aplicando una nueva forma de legislar vía reglamentos. Hay una inconstitucionalidad de forma, pero habría que determinar si existe una de fondo”, dijo. Mientras, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, expuso que se podía establecer la compra de renuncias obligatorias en base al literal k del artículo 47, porque está planteado de forma general. <
 
 
CRONOLOGÍA
Las renuncias forzosas, impulsadas por el Ejecutivo, fueron rechazadas por 95 votos de 119 legisladores presentes en la sesión del Pleno del pasado 29 de septiembre, por lo que no consta dentro de la Losep. <
 
6 de octubre del 2010  La Losep se publicó en el Registro Oficial. Dos meses después, el Presidente trató de promover una salida jurídica para aplicar su propuesta en el artículo 47, que habla de compra de renuncias... pero no de obligatoriedad. <
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