En el documento final, el directorio señala que se están deteriorando los principios democráticos, ya que no hay respeto ni se promueve la libertad de expresión.  La SIP mostró su preocupación por las demandas millonarias que el presidente Correa ha interpuesto contra diario El Universo y contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.  El organismo expresó su malestar por la Ley de Comunicación que se está tramitando en la Asamblea.

Según Marroquín, si se aprueba la ley de medios, la creación de un Consejo de Regulación, terminará siendo una "ley mordaza" para la democracia en el país.

En su informe, la misión aclaró que ni el presidente Rafael Correa ni la Comisión de Comunicación dirigida por el oficialismo los recibió para intercambiar puntos de vista sobre la libertad de prensa.

Ayer, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, descalificó la tarea de los delegados del organismo regional. Precisó que los miembros de la misión no tienen derecho a "entrometerse" en decisiones soberanas del país. “Estas personas creen que su poder fáctico les permite involucrarse en las decisiones soberanas de un país, defendiendo solo sus intereses”, dijo.