Para combatir estos latrocinios con frecuencia es necesaria  una verdadera conflagración.  Y en esta guerra de rufianes de cuello blanco versus el estado representado por la Contraloría, es posible que algunas armas  convencionales o no como sobornos, tráfico de influencias, tinterilladas, amenazas, sean las que se utilicen. Ya en ese momento, cuando salen a la superficie las armas prohibidas,  cualquier desenlace puede ocurrir. Y claro, si las armas de destrucción masiva o las que sin serlo producen las mismas consecuencias en la moral pública, están en manos de los delincuentes de saco y corbata es probable que la sociedad toda sea la única perdedora. En tales circunstancias no se podrá hacer nada  cuando se descubre, por ejemplo, que algo que vale dos millones los encargados de comprarla la pasan por cuatro millones.  ¡Qué cosa tan horrible se debe sentir! Saber que  los  delincuentes a  quienes se los ha pescado con las manos en la masa no puedan devolver lo  robado.

Con esta clase de frustraciones, todos los ecuatorianos habremos perdido. Seremos las cándidas víctimas de los saqueos que cometen los que dirigen las instituciones encargadas de servir a la comunidad y lo peor es que no hay  una esperanza cierta que en un tiempo X se detenga  la avalancha de asaltantes que pululan en las instituciones a la hora de contratar.

¿Qué se puede hacer?  Lo primero sería dotar de armas a la Contraloría para que combata de igual a igual con los delincuentes. Después cualquier cosa.