La anunciada consulta popular con la que el Presidente Correa pretende consolidar de una vez por todas vía mandato del pueblo, los poderes del estado a su gusto y antojo, viabilizaría en incorporar a sus espacios de mando, los dos únicos sectores que le han sido esquivos; el uno, los medios de comunicación, la prensa libre y valiente que no ha claudicado frente a los permanentes ataques a su accionar; y, la desprestigiada función judicial.

Esta última, comprometida en gran medida con los grandes males que azotan al país y gran estimulo del auge delincuencial que nos corroe,  pero con todos estos innegables defectos, requiere de una despolitizada reorganización, un cambio en sus estructuras, una depuración completa que no solo implique solo el cambio de propietario o tutor, como a todas luces se advierte que allá va el ejecútese que sin duda alguna le dará el pueblo en las urnas, casualmente maquinado por esta urgencia, hábilmente
manipulada.
Nadie discute la legalidad de la iniciativa, inclusive en  gran parte de las preguntas, éstas responden a una necesidad de cambio a cuatro años de gobierno de la revolución ciudadana donde se han dado  saludables reformas, y sobre todo, millonarias inversiones en obra pública, pero en ningún momento compatibles con las acaudaladas inversiones y despilfarros hechos con nuestra endeble economía, y es casualmente por estos hechos, que si es razonable consultar ya con el pueblo, pero jugando limpio, sin trasfondo interesado.
¿Y quién puede discutir que la conformación del ente que reestructura la defunción tal como está concebida sea aprobada por el pueblo en referéndum, no será manejada a gusto y paciencia desde Carondelet?, si ni bien se presentan las preguntas al TC, y ya los miembros de esa llamada Comisión de Transparencia suspenden el proceso de selección de vocales para el consejo de la judicatura y por ende dejan en el limbo esta ansiada reestructuración, en claro y evidente comportamiento de sumisión a los mandatos del Emperador.
Así mismo,  alguien tendrá razonable duda sobre el comportamiento afín de la Asamblea Nacional con los propósitos del Emperador de asumir el control total del poder de administrar justicia, si así mismo, ya el propio Cordero se apresura en anunciar y advertir que cualquier concurso que se dé para elegir miembros del Consejo de la Judicatura de parte del llamado Quinto Poder, es nulo, justificando la presión hecha para que los delegados de la Asamblea ante el CPC no se posesionaran.
Tal como están las cosas, se dará el derecho al pataleo y nada más, la campaña se encargará de justificar los cambios y el resto es solo inercia.