Un discapacitado en pleno acto discriminativo es impedido de subir a un bus a pretexto de que no hay espacio para su silla de ruedas, un médico por tener 70 años recibe una carta de jubilación exigida, una persona es acusada de terrorista sin mediar investigación alguna, otra es impedida a un ascenso solo porque la “autoridad” consideró que su presencia “denigraba” el buen nombre de ese otro sector, afortunadamente solo un fiscal de pensamiento aberrante y personalidad claramente comprometida direcciona y limita cierta actividad de trabajo a su círculo íntimo.

En fin, a diario se viven casos de vulneración a los derechos humanos, en muchos de los cuales se nota la presencia de un trastorno de personalidad del agresor que lo induce a ello. Un estudio publicado en marzo/2010 en la revista PERSONA, del Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes, revela pormenorizadamente esta simbiosis en un trabajo científico que está a disposición en la pagina www.iaepd.com.ar
El caso de nuestro coterráneo Jesús Vélez Loor, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer justicia haciendo prevalecer derechos conculcados, debe representar el ejemplo exacto para que quienes ostentan niveles momentáneos de poder entiendan que si no controlan aspectos impulsivos de su personalidad, su accionar representaría un riesgo latente para la violación de derechos, esto es de los derechos humanos, de acuerdo a la práctica se colige que este comportamiento podría enmarcarse en lo que se ha dado en llamar abuso de autoridad.
Cabanellas agrega en torno a ello, en lo administrativo, que se produce cuando por parte de la autoridad se lesiona un derecho individual, ya sea por extralimitación en las atribuciones o por arrogarse funciones que no corresponden. Dice, además, que toda persona está habilitada para ejercitar los derechos que las leyes le conceden -allí se erige la figura de este guerrero manabita Jesús Vélez Loor- y también para hacer cuanto no esté prohibido explícitamente por las normas del respeto al prójimo; cuando los funcionarios públicos cercenan tales facultades jurídicas, existe abuso de autoridad o de poder susceptible de configurar falta administrativa o incluso delito común.
Quiera Dios que se imponga el raciocinio. Nuestro coterráneo Jesús Vélez Loor nos ha devuelto la fe, más aun cuando se sabe que los organismos locales - que supuestamente protegen el respeto a  los derechos humanos en el Ecuador - le cerraron las puertas, por lo que su lucha cobra estirpe manaba que anima a permanecer de pie a todos  a quienes se nos veja constantemente.