En Portoviejo y Manta, principalmente, la venta de objetos robados tiene lugares donde se los comercia a sabiendas de todos; desde los perjudicados hasta autoridades de Policía y poder Judicial.

Los continuos programas gubernamentales llamando a la ciudadanía a no comprar objetos robados parecen no dar el resultado esperado y quienes demandan estos objetos aumentan a diario. En las dos ciudades manabitas más pobladas, las llamadas cachinerías son establecimientos comerciales visitados a toda hora; y los esporádicos controles que se dan detienen el comercio por un par de días, porque después todo vuelve a ser igual.
En octubre pasado se dio una requisa a un par de locales en Portoviejo y después reanudaron las actividades con la normalidad de días anteriores.
En uno de esos locales, ubicados en Portoviejo, cerrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por no emitir facturas y reabierto el 31 de diciembre pasado, varios policías uniformados llegan para adquirir repuestos, lo que ha sido denunciado por vecinos. Y, lo que es peor, se ha denunciado ante los organismos pertinentes que varias personas en motocicletas acuden a diario para vender objetos recién robados, muchos de ellos perseguidos por los perjudicados, pero con habilidad asombrosa escapan de manera increíble.
Si en Guayaquil el presidente de la República se apersonó para tratar de terminar con este tipo de negocios que provienen del delito, es necesario que esa política llegue a otras provincias que son regidas por las mismas leyes y las salvaguardan los mismos derechos que al resto del país. <