El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, anunció que tras un análisis a las cárceles del país desde la perspectiva de la salud, de la infraestructura física, eléctrica e hidrosanitaria, se determinó que existen un hacinamiento del 93 por ciento.  Por esta razón, el Gobierno Nacional decidió declarar en estado de emergencia a este sector a  nivel nacional.
El funcionario aclaró  que dicha resolución se tomó luego de las visitas que se realizaron la semana anterior a los centros de rehabilitación social del país entre ellos  el ex Penal García Moreno, los CDP de Quito, la Penitenciaría del Litoral, los centros penitenciarios de Quevedo, Babahoyo, Manabí,  Azuay, Loja en donde se encontró un gran deterioro en las instalaciones.
En este sentido, indicó que dicha emergencia será procesada inmediatamente con la construcción y adecuación de los diferentes centros de rehabilitación social a nivel nacional, y la que incluye a las personas privadas de libertad y a los guías penitenciarios.
Los centros de rehabilitación que ingresan a esta emergencia son: la Penitenciaría de Litoral, la Regional Sierra Sur en Cuenca, la Regional Sierra Centro Norte en Poaló, el CRS de Santo Domingo de los Tsáchilas, los Centros de Rehabilitaciones Sociales de mediana y máxima Seguridad en Sucumbíos y a todos los pabellones del  Ex Penal García Moreno.
Así como también al centro de rehabilitación de Quevedo, de la Sierra Sur en Loja y los centros de detención  provisional del Ex Penal García Moreno, de la 24 de Mayo, de Calderón, la Mena, Quito Sur, San Lorenzo, y la reconstrucción de algunos centros de adolescentes infractores de Riobamba, Cuenca, Machala, Loja y Guayaquil.
Agregó que desde la próxima semana se remitirá al Contralor del Estado toda la información y documentación para que inmediatamente, se inicie la auditoría y los exámenes especiales de todos los trabajos y las acciones que se tomarán en dicha medida.
Del mismo modo, indicó que los recursos para dicha inversión son de alrededor 40 millones de dólares  con lo cual se pretende iniciar una revolución en la transformación del sistema de rehabilitación social.  
Por su parte, el contralor de la Nación, Carlos Pólit, manifestó su predisposición para dicha resolución, por lo que dijo que la institución está obligada a prestar el asesoramiento en el ámbito  de sus competencias.
Agregó que la entidad jamás de opondrá a las emergencias “como éstas que son necesarias. Lo importante es que lleguen a su culminación con el éxito deseado y con el buen manejo de los recursos del Estado”, destacó.
De igual forma, indicó que la Contraloría del Estado prestará su contingente para realizar las acciones de control que se amerite e informará sobre el desarrollo de la inversión en dicha emergencia.
Finalmente, reiteró que en días anteriores durante el recorrido por algunas de las cárceles del país junto al Ministro de Justicia, palpó y vivió la forma infrahumana en que se encuentran los detenidos en varios centros penitenciarios.
Estas declaraciones las formularon durante una rueda de prensa realizada en el Salón Azul del Palacio de Carondelet.