Actualizado hace: 3 horas 37 minutos
Nacionales
Ministro ecuatoriano pide destitución de jueces por 1.405 casos de caducidad

El ministro de Justicia ecuatoriano, José Serrano, pidió al Consejo de la Judicatura la destitución "inmediata" de más de una decena de jueces que "permitieron 1.405 casos de caducidad de prisión preventiva" de presuntos delincuentes, informó hoy el Ministerio de Justicia.

Martes 22 Junio 2010 | 16:41



Serrano pidió al titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, que actúe "enérgicamente frente a la inacción de los jueces de lo penal" que, a su juicio, facilitaron la liberación de personas acusadas de diversos delitos, informó la institución en un comunicado.

Según un estudio del Ministerio, hay jueces que tienen en su haber 237, 200, 80 ó 40 casos de caducidad de prisión preventiva por lo que Serrano pidió para ellos una sanción y su destitución inmediata.

"No podemos seguir permitiendo que se afecte la libertad y la paz en nuestro país", señaló el funcionario.

El estudio determina que 96 por ciento (1.346) de los casos de caducidad de prisión preventiva corresponden a la inacción de jueces de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país y en la que "el nivel de inseguridad ciudadana es mayor".

Asimismo, determina que "la gran mayoría de delitos que se investigaban se referían a casos de robo con amenazas, uso doloso de documentación, posesión de armas de fuego de manera ilegal, asesinatos, violación sin violencia, robo con heridas y apropiación indebida de bienes", entre otros.

El ministro señaló que "muchos" de los jueces responsables ya fueron sancionados en el pasado "por incumplimientos que han afectado a las personas e, incluso, al patrimonio del Estado" y se quejó de que, a pesar de ello, "siguen en sus cargos en la función judicial", por lo que pidió "acabar con la impunidad".

Ante el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el Gobierno ecuatoriano inició un conjunto de medidas a nivel policial y judicial, entre las que destacan la regulación de la circulación de motocicletas, la restricción del consumo de alcohol y controles combinados con el Ejército sobre posesión de armas, entre otras.

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