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Nacionales
Contraloría determina irregularidades en Ministerio de Educación

La Contraloría General del Estado determinó responsabilidad administrativa culposa contra el ministro de Educación, Raúl Vallejo, por el manejo económico de esa cartera en el período 2007 – 2008

Jueves 15 Octubre 2009 | 16:27

De acuerdo a la auditoría del organismo de control, existen presuntas irregularidades en contratos de publicidad, convenios y en motivación a los empleados.

Según el documento, Vallejo y el subsecretario administrativo, Guido Ribadeneira, autorizaron una campaña publicitaria por 86.800 dólares con la empresa Rivas Herrera Young y 36.000 dólares con  Spondylus, sin que previamente se suscriban los contratos.

“Es un informe que fue aprobado, está ya notificado a los funcionarios correspondientes, en esta instancia tienen un derecho que les da la Constitución y la Ley  de presentar todas sus pruebas de descargo”, señaló el contralor Carlos Pólit.

Según el Ministerio, se entregó 17,3 millones de dólares al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro del proyecto de universalización de la educación.

Sin embargo, el PNUD solo tendría un reporte de ingreso de 2,8 millones, con lo que habría una diferencia sin justificar de 14 millones de dólares.

Pólit señaló que ha entregado los resultados que señalan algunos casos de manejos irregulares “por decirlo menos”.

Para el organismo de control, se habría registrado un inadecuado control y seguimiento de convenios, por ejemplo, el Ministerio asignó 162.000 dólares a la Corporación Editora Nacional para Libros, pero esta entregó 960 textos, por lo que cada libro tendría un costo de más de 168 dólares.

Similar situación se registró con la Fundación Hernán Malo González, que recibió una asignación por 60.000 dólares y entregó apenas 23 textos.

A todo esto se suman gastos para motivación de personal que no tiene documentación de soporte por 450.000 dólares, detalló la estación televisiva Ecuavisa.

Por todo esto, existen responsabilidades administrativas contra el ministro Vallejo y dos altos funcionarios, y responsabilidad civil para Ribadeneira, un director de área y representante de los empelados.

“La ley le faculta a la contraloría la destitución de los funcionarios públicos y también las sanciones pecuniarias de acuerdo a la gravedad del caso”, advirtió Pólit

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