El decreto señala que "será requisito previo a la calificación como proveedor y habilitación como oferente de una persona jurídica, la determinación clara de sus accionistas, partícipes o asociados". Además, sostiene que si el Servicio de Rentas Internas (agencia de recaudación tributaria) llega a determinar que los propietarios o socios de las empresas contratantes provienen de "paraísos fiscales", eso "será causa de descalificación inmediata". El anuncio del nuevo decreto, por parte del presidente Correa, se dio en un momento en que su hermano mayor, Fabricio, ha sido blanco de críticas por mantener contratos con el Estado. La oposición ha acusado a Fabricio Correa de "tráfico de influencias", extremo negado por él y el presidente de la República, quien aseguró que no sabía de los contratos de su hermano con ciertas instituciones públicas. Correa, en su habitual programa de radio y televisión de los sábados, indicó que ese decreto intenta, justamente, regular la posibilidad de que familiares de funcionarios públicos puedan participar en contratos con el Estado. Aunque afirmó que los contratos públicos que tiene su hermano no son ilegales, lo reprochó porque ha dado pábulo a las críticas de la oposición, recogidas por varios medios de comunicación. "Con toda sinceridad, yo no hubiera hecho eso (contratar con el Estado), porque él (Fabricio) sabe cuántos buitres tenemos rodeando nuestra cabeza y que van a aprovechar cualquier cosa para boicotear la revolución ciudadana", afirmó Correa. Además, dijo que si ese decreto lesiona los derechos de su hermano o de otros empresarios, lo lamenta mucho, pero que prefiere que haya más control en la contratación pública. Recordó que la ley de contratación pública prohibía contratar con el Estado a familiares de los funcionarios públicos como "personas naturales", como individuos, pero no como "personas jurídicas", como representante o socio de empresas, como es el caso de su hermano. No obstante, insistió en que el decreto que firmó hoy extiende la regulación a las "personas jurídicas" y que prohíbe la contratación pública a "empresas de papel", domiciliadas en "paraísos fiscales". El alcance de ese decreto también afectará varios medios de comunicación que, según Correa, pertenecen a firmas inscritas en esos "paraísos fiscales". Diarios como El Comercio, El Universo, Expreso, La Hora; revistas como Vanguardia, que le han efectuado frecuentes críticas, no podrán mantener contratos con el Estado, por tener participación de "empresas de papel" del extranjero. Según la Secretaría de comunicación de la Presidencia, el diario El Comercio tiene un 49 por ciento de participación de empresas de Islas Vírgenes, Estados Unidos y Panamá. Asimismo, señala que el diario El Universo pertenece a empresas de las Islas Gran Caimán; mientras que la revista Vanguardia (Grupo Tauro), en un 55 por ciento pertenece a empresas de Colombia y las Islas Vírgenes. También señala que un 26 por ciento del diario La Hora corresponde a empresas en Bahamas y Gran Bretaña; y que la Industrial Molinera, que es accionista de la firma Granasa, de los diarios Expreso y Extra, el 63 por ciento de sus acciones "están en empresas fantasmas de Bahamas".