Imagínense, ¿cómo se “descuajeringarían” los foliados libros para: este registro entregar y este otro no?; aunque ahora ya sería posible esto, vía microfilm e informática; pero, ¿quien lidera y asume estos costos?; que se sepa, solo en Portoviejo y en Guayaquil se ha alcanzado altos niveles tecnológicos que permitirían operaciones de esta naturaleza. Por lo que, avocados como estamos a que por mandato de la nueva constitución, los Registros de la Propiedad RDP de toda la república deben pasar a ser manejados por los municipios del país, debería aprovecharse esta oportunidad para realizar una verdadera cruzada a favor de la confianza ciudadana respecto a los registros de los bienes raíces existentes en la nación. La intención de los asambleístas será positiva si se materializa con una Ley de Registro de Datos, que considere y provea de los costosos recursos tecnológicos que la hagan confiable; porque si no, el remedio será peor que la enfermedad. Nada más pensemos que, si ahora que los RDP del Ecuador están bajo responsabilidad de funcionarios exclusivamente dedicados a ello, han sucedido “quiquirimiaus” como los de Jaramijó, ¿qué va a suceder cuando los libros de los RDP sean administrados junto a los catastros, por entes que más politizados no pueden ser? Desgraciadamente, la percepción ciudadana es que donde está inmersa la política, nada es transparente; con escasas excepciones. Aunque, y para que vean que no soy “contreras”, pienso que la municipalización de los RDP –dependiendo de cómo se la implemente- puede traer seguridad a la población, ya que al unirse al catastro municipal, estos dos asientos técnico-históricos-legales, fusionados en uno solo, evitarían la duplicidad que actualmente se presenta y de lo que “expertos” se han aprovechado en Jaramijó y de seguro en otros lares. Así que, expuestos como estamos todos quienes, en vez de “chuparnos” la plata -como aconseja Aladino- confiamos invirtiendo en nuestra patria, generando progreso y desarrollo, ahora debemos estar ojo avizor a los acontecimientos tomando todas las precauciones posibles. Como se ve, el tema es de vital importancia; está en juego la seguridad jurídica de todos los bienes raíces del Ecuador, no solo de Jaramijó; siendo esta incertidumbre parte de la desinversión y huida de capitales, lo que a la postre redunda en desocupación y miseria. ¡Y después nos quejamos!… Fin.