Y una de las principales causas para esta equivocada apreciación, viene a ser en gran medida, el desproporcionado número de profesionales que vienen acreditando las Universidades y entidades autorizadas para emitir títulos académicos, que a la fecha son incontables, y mas aun, ahora que las especializaciones y los títulos aceptados de tercer y cuarto nivel están a la mano, en una desmesurada competencia, con el principal requisito que viene a ser su costo, superadas las distancias y la presencia física del interesado. Esta especie de venta de expedientes, ha generado también que la cantidad de puntos que se adquieren por cada uno de estos “logros” por así decirlo, se deje a un lado, la calidad del aspirante, que en muchos casos, sin tantos bombos y platillos, es genuinamente buena, pero a falta de méritos, se los desplace y deje a un lado, forjando día a día, un incremento en desempleados y marginados de estas generaciones en números alarmantes; aumentando la desesperación y al caos social, puesto que en muchos casos, cada uno de ellos son el sustento principal de un núcleo familiar. De esto se aprovecha la clase política, que de lo que se ve, no ha estado muerta, la revolución ciudadana la tenía solo adormecida, para incrementar el número de esperanzados que convertidos en forzados y ruidosos simpatizantes, quieren desplazar a quien se le ponga al frente con tal de ingresar al sector público que a la fecha, es el único que garantiza una estabilidad económica, y la mira pone en primer plano, a los “viejos” generalmente, indefensos. ¿Cuántos jóvenes estarán prestos en ingresar al magisterio en calidad maestros y catedráticos estando preparados para ello? No es esta una arma que utiliza el régimen en su desacuerdo con la UNE para imponer a toda costa su criterio y política educativa, aun cuando contrarié su propia y conceptuada Constitución. ¿No viene a ser este el principal incentivo del gobierno que avizora una legión humana de apoyo, lista y en la retaguardia, para enfrentar los reclamos que ya está generando el Decreto 1701, que limita y deroga una serie de conquistas laborales, con enfrentamientos que necesariamente generará bajas, en gran medida, de gente mayor en edad. Y no se ve una posible solución a este injusto trato que se deriva en un peligroso enfrentamiento generacional.