El 12 de mayo la Pequeña Industria interpuso un Amparo Constitucional demandando suspender el cobro del servicio, hasta que se ejecute un estudio técnico que avalice un porcentaje equitativo. La demanda contra la Corporación Nacional de Electricidad, nace de un mandato de la Defensoría del Pueblo de Manta, que el 24 de noviembre del 2008 ordenó a dicha entidad la suspensión del cobro de la tasa de alumbrado público por ser irregular y atentatorio a los intereses de la comunidad. El cual además se había quedado sin sustento jurídico en razón de que el Concejo en sesión de octubre 18 del pasado año, derogó la ordenanza municipal que facultaba el cobro. En la audiencia del Amparo Constitucional, la Pequeña Industria a través de sus defensor Víctor Arias, demostró con fotografías que el servicio de alumbrado público no se justifica porque ni siquiera existe en vastos sectores urbanos, que el número de luminarias es insuficiente y que al cobrar entre el 25 y 28 por ciento de la factura por servicio de energía eléctrica, se los trata en forma descriminatoria, en relación a otras provincias . Se espera la respuesta de CNEL tras el fallo del Juez Fausto Alarcón.