Esta petición, informó el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se basa en los efectos que a su juicio han tenido estas aspersiones "para la salud pública y para el medio ambiente" en las zonas afectadas en Ecuador. Cumpliendo el plazo que tenía, el delegado del Gobierno ecuatoriano, Diego Cordovez, presentó ayer ante la CIJ una Memoria, de 450 páginas y más de 2.900 documentos anexos, para sustentar la demanda que presentó el 31 de marzo del año pasado, una vez que, dijo Falconí, "resultaron fallidas las vías diplomáticas". Según el canciller, esta Memoria contiene una "documentación exhaustiva" de los "terribles daños" causados por las fumigaciones que del año 2000 al 2007 realizó Colombia en su frontera sur y que "por efecto de la deriva" afectaron a Ecuador. Falconí aseguró que algunos de estos daños contra la salud pública, contra comunidades indígenas y afro-ecuatorianas; contra sus cultivos, sus animales y el medio ambiente son "incuantificables". Por su parte, el catedrático Iñigo Salvador, que ha estado al frente de un equipo internacional de juristas que ha redactado la Memoria, cuyo contenido completo es confidencial, explicó que Colombia incluso no ha informado con precisión del "cóctel químico" empleado en sus fumigaciones.