El Consejo de la Judicatura (CJ) inició un proceso disciplinario contra el secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, V.V.M. en el sur de Guayaquil. Esta acción se tomó después de que el funcionario supuestamente se negara a formalizar la detención de una persona, arrestada por la Policía Nacional en un caso de violencia intrafamiliar.
La decisión se fundamenta en un video difundido en redes sociales, donde el servidor alega que su jornada laboral estaba por terminar, afectando el acceso a la justicia de la víctima.
Investigación por negligencia funcional
La investigación se inició a raíz de la viralización de un video que muestra el momento exacto en el que el servidor judicial se niega a realizar el sorteo necesario para dar inicio al proceso judicial. El motivo expuesto por el funcionario fue que su jornada laboral estaba por concluir.
Este comportamiento, según el Consejo de la Judicatura, es contrario a las funciones que deben garantizar la atención judicial oportuna y el respeto a los usuarios. La institución considera inaceptable que sus miembros incumplan el ordenamiento jurídico, especialmente en casos de violencia intrafamiliar.
Medidas disciplinarias y traslado inmediato
El Consejo de la Judicatura, en respuesta a la gravedad de los hechos, ha dispuesto el traslado inmediato del secretario a otra dependencia judicial. Este movimiento busca prevenir nuevas afectaciones al proceso judicial mientras se desarrolla la investigación. Al concluir el proceso disciplinario, se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente, conforme a la ley.
Compromiso con la justicia y prevención de la revictimización
El CJ enfatizó su compromiso de garantizar un servicio de justicia efectivo para toda la ciudadanía. La institución busca, de manera prioritaria, proteger los derechos de las víctimas de violencia. A través de este tipo de acciones, el Consejo de la Judicatura asegura que los procedimientos judiciales se cumplan de manera rigurosa.
El objetivo es prevenir la revictimización y garantizar que todos los trámites se realicen de manera oportuna, sin excusas.