La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Julio Marcelo C. M., Yismary Andreina Z. A. y César Damián E. M., quienes recibieron prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de Héctor E., cuyo cuerpo fue hallado el 25 de febrero de 2026 en la vía Alóag-Santo Domingo, tras haber sido reportado como desaparecido el 18 de febrero en el norte de Quito.

Investigación y hallazgo del cuerpo

De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue interceptada en el sector de Calderón, en el norte de la capital, mientras se movilizaba en su camioneta.

Según los indicios recabados, los sospechosos habrían maniatado al joven con el objetivo de sustraer su vehículo. Durante el traslado, se presume que la víctima se opuso al robo, lo que habría derivado en su muerte.

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en una quebrada ubicada en la vía Alóag-Santo Domingo, donde fue encontrado días después, el 25 de febrero de 2026, en el marco de las labores de búsqueda.

Seguimiento del vehículo y detención

Tras los hechos, los ahora procesados se habrían movilizado en el vehículo de la víctima hacia el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, donde presuntamente ocultaron la camioneta en un taller mecánico.

Las autoridades conocieron la posible ubicación del automotor gracias a alertas ciudadanas, lo que permitió coordinar un operativo policial.

En ese contexto, el mismo 25 de febrero, agentes ejecutaron una intervención en la que los tres sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia por el delito de receptación, debido a que el vehículo tenía alerta de robo desde el 20 de febrero.

Proceso judicial y elementos de convicción

En una causa previa, los detenidos ya habían sido procesados por la presunta receptación del vehículo, proceso en el que un juez dispuso prisión preventiva.

Posteriormente, durante la audiencia de formulación de cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte, el fiscal presentó varios elementos de convicción.

Entre estos constan la denuncia por desaparición, el parte policial investigativo, versiones de los agentes aprehensores, un informe de trazabilidad del vehículo que evidenciaría su recorrido, así como la autopsia médico-legal practicada al cuerpo de la víctima.

Medidas judiciales y etapa procesal

Al concluir la audiencia, el juez competente acogió el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para los tres procesados, además de iniciar la instrucción fiscal por un plazo de 90 días.

Asimismo, se dictaron medidas de protección a favor de los padres de la víctima, en el marco de las disposiciones legales vigentes para este tipo de casos.

El proceso continuará con la recopilación de más elementos probatorios durante la etapa de instrucción fiscal.

Marco legal del delito

El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece una pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

Sin embargo, cuando la desaparición deriva en la muerte de la víctima, la sanción se incrementa a una pena de 22 a 26 años de prisión, conforme a la normativa ecuatoriana vigente.