En el seno de la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se desarrollan jornadas de análisis para la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Durante estos encuentros, el fiscal de lo Penal del Guayas, Washington Astudillo, presentó observaciones técnicas sobre el contenido del artículo 369, con el objetivo de robustecer las herramientas legales contra las agrupaciones criminales.
El funcionario subrayó ante la Asamblea Nacional que la normativa interna ecuatoriana debe mantener una concordancia obligatoria con los instrumentos internacionales, citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En este sentido, destacó que el denominado Tratado de Palermo exige establecer una diferenciación clara entre lo que se define como delincuencia organizada y el concepto de crimen organizado en la legislación.
Estándares internacionales y derecho comparado
Dentro del debate en la Asamblea Nacional, se expusieron datos relevantes de derecho comparado para contextualizar la realidad de la región en materia de penas. Se revisaron las legislaciones de naciones como México, Colombia y Perú, donde las sanciones por delitos vinculados a la delincuencia organizada presentan rangos de privación de libertad que alcanzan los 40, 22 y 20 años de cárcel, respectivamente.
Estas referencias permiten a la Asamblea Nacional evaluar la proporcionalidad de las condenas actuales frente a los desafíos de seguridad. Astudillo insistió en que los enfoques destinados a combatir el lavado de activos deben evolucionar, pues las estructuras criminales buscan constantemente nuevas vías para introducir beneficios económicos obtenidos de diversas actividades ilícitas en el sistema financiero formal.
Nuevas modalidades de lavado de activos
Las sugerencias presentadas en la Asamblea Nacional apuntan a la inclusión de modalidades emergentes de criminalidad dentro de los tipos penales, tales como el lavado de oro y el abigeato. De igual manera, se enfatizó en la necesidad de vigilar el uso de criptomonedas y las plataformas de apuestas deportivas, las cuales se han convertido en vehículos potenciales para el ocultamiento de réditos provenientes de infracciones.
El fiscal explicó a los legisladores de la Asamblea Nacional que las dinámicas de la criminalidad han aprovechado los avances tecnológicos para diversificarse hacia mercados que actualmente cuentan con una regulación limitada. Por esta razón, se considera oportuno fortalecer las sanciones relacionadas con conductas ilícitas que utilicen herramientas de blockchain y el procesamiento de grandes volúmenes de datos conocidos como big data.
Sanciones a servidores públicos e imprescriptibilidad
Un punto clave de la propuesta ante la Asamblea Nacional es la incorporación de un quinto inciso al artículo 369 del COIP para sancionar con el máximo de la pena prevista a los servidores públicos. Esta medida aplicaría cuando el funcionario utilice su cargo, investidura o el acceso privilegiado a información y recursos estatales para facilitar o formar parte de una estructura dedicada a la delincuencia organizada.
Asimismo, se planteó la imprescriptibilidad de este delito, argumentando que la delincuencia organizada no solo vulnera un bien jurídico particular, sino que atenta contra el derecho internacional, la vida y la propiedad. Según la tesis presentada en la Asamblea Nacional, las normas deben responder con celeridad a la realidad actual que enfrenta el país para evitar que estos crímenes queden en la impunidad con el paso del tiempo.
Análisis técnico y dosimetría penal
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Rosa Torres, aseguró que todos los aportes recibidos se someterán a un análisis técnico y jurídico riguroso. La mesa legislativa se enfocará en revisar la dosimetría penal, buscando que las reformas sean coherentes con la estructura del sistema de justicia y los principios de proporcionalidad que rigen la materia penal en el Ecuador.
El objetivo central de la Asamblea Nacional es entregar al país un Código Orgánico Integral Penal que esté a la altura de los desafíos contemporáneos en seguridad. Los legisladores coinciden en que la normativa debe ser una herramienta eficaz para desarticular las finanzas criminales y sancionar con rigor a quienes integran estas redes delictivas que afectan la estabilidad institucional del Estado ecuatoriano.
