Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de Acción Democrática Nacional (ADN), reveló planes para introducir un proyecto de ley antimafia. Esta proyecto está enfocado en erradicar las economías del crimen organizado que comprometen la soberanía, la seguridad y la estabilidad económica del país.

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El anuncio tuvo lugar en el Foro Internacional de Seguridad y Justicia Antimafia Italiana en Quito, con la presentación formal prevista para las próximas semanas en el Legislativo, como parte de esfuerzos por reforzar el marco legal contra el crimen organizado transnacional.

La propuesta legislativa busca un enfoque integral, destacando la centralidad de las finanzas criminales en las estrategias antimafia, la definición de principios para la intervención estatal y el uso de la fuerza, y la reorganización de la política criminal mediante una coordinación unificada entre instituciones de seguridad, justicia, inteligencia, economía y administración de bienes.

Enfoque en finanzas y principios de actuación

Mancheno enfatizó que el proyecto trasciende el mero incremento de penas, ya aplicado en diversos delitos. Sin embaro, apunta a un marco jurídico que permita al Estado detectar, intervenir y gestionar con agilidad los recursos que alimentan a las mafias y el crimen organizado.

Se prioriza el análisis patrimonial, clasificando a las organizaciones delictivas como entidades económicas ilícitas, con mecanismos de control democrático en la aplicación de políticas criminales.

Además, la asambleísta argumentó que el crimen organizado demanda respuestas estructurales y no medidas aisladas, promoviendo una colaboración continua no solo entre las ramas del gobierno ecuatoriano, sino también con otros países para combatir amenazas globales.

Impacto de operativos y necesidad de herramientas permanentes

En referencia a acciones recientes, Mancheno citó que en 2025, las operaciones contra la minería ilegal infligieron pérdidas superiores a 633 millones de dólares a redes criminales, con 386 intervenciones en zonas de alto riesgo.

Grupos como "Los Choneros" y "Los Lobos", junto a sus divisiones, representan una porción significativa de estas amenazas. La ley antimafia incorporaría instrumentos duraderos para investigaciones patrimoniales, decomisos extendidos, disrupción de cadenas de valor ilegales, desmantelamiento de estructuras, salvaguarda de testigos y sinergia institucional, con el fin de mermar de forma persistente las capacidades económicas, logísticas y territoriales de estos entes.

Limitaciones actuales y reestructuración institucional

La legisladora señaló que Fuerzas Armadas y Policía Nacional frecuentemente operan con restricciones normativas que no se ajustan a la urgencia de sus misiones, lo que justifica principios claros para su accionar. El proyecto aborda esta brecha, asegurando que la normativa responda a la naturaleza no convencional del crimen organizado.

Mancheno subrayó la importancia de alianzas interestatales para enfrentar el crimen transnacional, alineando la propuesta con estándares globales. Esto incluye la adopción de herramientas que garanticen una ofensiva estatal sostenida contra activos criminales.