La Corte Constitucional levantó el estado de excepción en Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras el Gobierno declaró nuevas provincias ante la crisis por el diésel.
La Corte Constitucional eliminó el estado de excepción en la provincia, mientras el Gobierno incluyó otras jurisdicciones tras la eliminación del subsidio al diésel, decisión que buscaba controlar posibles bloqueos y garantizar el orden público.
Levantamiento del estado de excepción
La medida estaba vigente desde semanas atrás, ante la posibilidad de conmoción interna. Sin embargo, en Santo Domingo no se registraron bloqueos ni enfrentamientos con la fuerza pública, por lo que la Corte decidió levantarla.
Un Comité de Paro se conformó en la provincia, coordinando acciones con la Conaie, pero la presencia ciudadana fue mínima en los plantones y actividades programadas. Esto evidenció que no existía un riesgo significativo de desorden.
El Gobierno justificó el estado de excepción para evitar cierre de carreteras. En el caso de Santo Domingo, las vías permanecieron abiertas, incluyendo la ruta hacia Quevedo, bloqueada previamente el 15 de septiembre por transportistas pesados.
Ese día, decenas de camioneros y traileros protestaron para exigir seguridad y rechazar la eliminación del subsidio al diésel. Un día después, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en la provincia tsáchila.
Impacto económico y social
Los ciudadanos reportan un incremento en los precios de productos de primera necesidad, especialmente aquellos provenientes de la Sierra. Entre ellos, la papa, esencial en la dieta local, ha registrado encarecimiento.
La comerciante Gema Macías señaló que los problemas en transporte afectan la llegada de productos a los mercados. “Algunas cosas vienen caras por cierres viales en otras provincias, pero esperamos estabilización pronto”, indicó.
Para este martes, se ha anunciado una paralización pacífica del mercado mayorista de Santo Domingo.
Nuevo estado de excepción en otras provincias
Aunque Santo Domingo quedó excluida, el Gobierno emitió una nueva declaratoria que incluye a Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, y se suman Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Carchi e Imbabura mantienen restricciones bajo el primer estado de excepción, donde protestas continúan activas, afectando movilidad y comercio en sectores clave.
Las autoridades insisten en sancionar especulaciones y garantizar que la medida sea aplicada de manera proporcional, con presencia de fuerzas estatales en mercados, carreteras y redes de transporte.
Contexto y antecedentes
El estado de excepción se implementó originalmente por la eliminación del subsidio al diésel, que provocó incertidumbre en transportistas y comerciantes. La medida buscaba anticiparse a cierres viales y evitar protestas.
En Santo Domingo, las actividades de protesta fueron limitadas y pacíficas, sin generar incidentes graves. Esto facilitó que la Corte Constitucional levantara la medida de manera oportuna y objetiva.
