La ciudad de Quito retiró del mercado 2.345 litros de licor sin registro sanitario y 5.675 cajas de cigarrillos de contrabando entre enero y junio de 2026. La acción fue ejecutada por la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos junto a instituciones de control, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, proteger la salud pública y recuperar el orden en el espacio público del Distrito Metropolitano.
Durante el primer semestre del año, las autoridades desplegaron una estrategia permanente de vigilancia en sectores priorizados. Como resultado, cientos de productos de procedencia irregular fueron identificados, decomisados y posteriormente destruidos para evitar su comercialización.
Según información oficial, los controles también permitieron sancionar a 11 vendedores que ofrecían bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Las intervenciones se realizaron en puntos identificados técnicamente mediante información de la Policía Nacional y del Observatorio Metropolitano de Seguridad.
Quito fortalece los controles en sectores priorizados
Los operativos forman parte de una planificación establecida dentro del Plan Metropolitano de Seguridad Quito 2023-2027. Este instrumento busca coordinar acciones entre diferentes instituciones para enfrentar actividades ilegales y prevenir riesgos para la ciudadanía.
Entre enero y junio de 2026 se ejecutaron 779 operativos interinstitucionales en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Las cifras reflejan la magnitud de los controles desarrollados durante este período.
Además, las autoridades levantaron 408 actos administrativos y aplicaron 105 clausuras a establecimientos que incumplieron la normativa vigente. Estos procedimientos buscan garantizar que los locales comerciales operen dentro del marco legal establecido.
La Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos destacó que la coordinación entre entidades ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta frente a actividades informales e ilegales que afectan la convivencia ciudadana.
Quito y la estrategia conjunta para apoyar la seguridad ciudadana
Las intervenciones involucran a varias instituciones con funciones específicas. Mientras el Municipio lidera las acciones relacionadas con el control y ordenamiento del espacio público, las Fuerzas Armadas ejecutan operativos CAMEX orientados al control de armas, municiones y explosivos.
Por su parte, la Policía Nacional concentra sus esfuerzos en la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. Esta articulación permite desarrollar operativos de gran alcance en zonas consideradas prioritarias.
Otro resultado relevante corresponde al control del consumo de alcohol en espacios públicos. Durante el semestre, 363 libadores fueron retirados de diferentes sectores de la ciudad para prevenir riñas y situaciones de inseguridad. Asimismo, 694 personas recibieron sanciones económicas conforme a la normativa municipal vigente.
Las autoridades sostienen que estas acciones contribuyen a disminuir factores asociados a conflictos en el espacio público y fortalecen la percepción de seguridad entre los habitantes.
Licor adulterado y contrabando: un riesgo para Quito
La comercialización de bebidas alcohólicas sin registro sanitario representa un peligro para la salud pública debido a la falta de controles sobre su composición y origen. De igual forma, el ingreso y distribución de cigarrillos de contrabando afecta la economía formal y dificulta los mecanismos de fiscalización estatal.
Por esta razón, los controles desarrollados en Quito buscan impedir que estos productos lleguen a los consumidores. La destrucción de la mercancía decomisada constituye una medida preventiva para evitar su reingreso al mercado.
Las autoridades municipales señalaron que los operativos continuarán durante el resto del año en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El objetivo es mantener una vigilancia permanente y reforzar las acciones contempladas en el Plan Metropolitano de Seguridad Quito 2023-2027.
Con estos resultados, el Municipio ratifica su compromiso de apoyar la seguridad ciudadana mediante controles coordinados y permanentes, enfocados en reducir actividades ilegales y proteger a la población de riesgos asociados al comercio irregular.
