Las reformas al COOTAD, impulsadas por el Gobierno nacional y en debate en la Asamblea Nacional, podrían afectar a cientos de miles de beneficiarios de servicios municipales en Quito, según advirtió el economista Diego Martínez.
Posibles reformas al COOTAD
Martínez, asesor de la Alcaldía capitalina, señaló que la propuesta legal responde a una lógica de reducción del Estado y traslado de responsabilidades fiscales a los gobiernos locales. Sus declaraciones las dio en una entrevista a un medio digital.
Según el análisis técnico, el impacto en Quito sería significativo. 27.000 estudiantes de unidades educativas municipales, 51.000 usuarios del Patronato Municipal y cerca de 250.000 beneficiarios verían comprometidos servicios gratuitos.
Entre los servicios en riesgo constan educación, atención social, casas de acogida, salud municipal y programas culturales, que actualmente se financian con presupuesto local.
Reformas al COOTAD: servicios sociales bajo amenaza
El alcalde Pabel Muñoz advirtió previamente que más de 70.000 adultos mayores podrían perder atención en programas como 60 y PiQuito, que cuentan con más de 600 puntos de servicio.
También se verían afectados los servicios gratuitos de la Unidad de Bienestar Animal, como esterilizaciones, atención de denuncias por maltrato, adopciones responsables y campañas de control.
Además, los programas de emprendimiento e innovación de ConQuito, que entregan capital semilla, quedarían sin financiamiento estable.
Ajuste fiscal por reformas al COOTAD
Martínez relacionó la reforma con un ajuste fiscal similar al aplicado por el Ejecutivo en 2025. Recordó que, mediante un decreto, el gobierno de Daniel Noboa desvinculó a 5.000 funcionarios públicos.
De aprobarse la ley, el Municipio de Quito podría verse obligado a despedir alrededor de 5.000 trabajadores, principalmente docentes, agentes de tránsito, personal de salud y trabajadores sociales.
El asesor explicó que la reducción de nómina en los gobiernos locales respondería a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, según la exposición de motivos del proyecto.
Inversión limitada a infraestructura
Uno de los puntos más cuestionados es la redefinición de inversión pública para los gobiernos autónomos descentralizados. La propuesta prioriza obra física e infraestructura, dejando fuera servicios esenciales.
Martínez sostuvo que rubros como salarios de docentes, personal médico, conductores de transporte público y programas sociales pasarían a considerarse no prioritarios.
"El desarrollo no se limita a cemento y carreteras", señaló el economista, al advertir que la norma desconoce principios básicos de la economía del desarrollo centrados en las personas.
Debate legislativo y preocupación local
El proyecto avanza con rapidez en la Asamblea Nacional, mientras crece la preocupación entre alcaldías y prefecturas, incluso afines al oficialismo.
Martínez cuestionó un posible doble estándar de la reforma. Señaló que se imponen sanciones a los gobiernos locales por incumplimientos, pero no se establecen reglas similares para el Ejecutivo.
