En una resolución histórica para la jurisprudencia electoral, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri Llanga, dictó este 16 de abril de 2026 un auto de ejecución definitivo en la causa Nro. 109-2023-TCE. El organismo declaró formalmente el incumplimiento de la sanción de suspensión de derechos políticos contra el alcalde de Portoviejo, Javier Humberto Pincay Salvatierra, invalidando cualquier argumento de rehabilitación automática por el transcurso del tiempo. Javier Pincay participó la noche de este jueves en un acto solemne en memoria de las víctimas de terremoto del 16 de abril del 2026, a los 10 años de la tragedia.

La resolución determina que la inhabilitación de dos años, impuesta originalmente en junio de 2023 por no asistir a los debates obligatorios del CNE, nunca se ejecutó de forma material debido a una "desnaturalización" del proceso. Aunque Pincay canceló la multa de USD 9.450 el 20 de julio de 2023, el cumplimiento de la suspensión de sus derechos de participación fue bloqueado por una medida cautelar dictada en la justicia ordinaria, lo que ha generado un conflicto de competencias que el TCE resolvió con contundencia.

Interferencia en Rocafuerte y llamado a la Fiscalía

El magistrado Viteri centró gran parte de su resolución en la interferencia del sistema judicial ordinario. El TCE ordenó oficiar de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones pertinentes sobre la posible existencia de infracciones penales relacionadas con el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esta acción busca sancionar a quienes permitieron que una sentencia electoral en firme fuera ignorada durante casi tres años.

Asimismo, el tribunal hizo un llamamiento directo al Consejo de la Judicatura para que inicie un proceso disciplinario y de control contra el Abg. Luis Iván Tuquerres Campo, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Rocafuerte. Se le señala por haber concedido medidas cautelares dentro de la acción de protección Nro. 13314-2023-00181, interpuesta por el ciudadano Bill William Morales Mendoza, la cual sirvió como blindaje jurídico para evitar que el Ministerio del Trabajo registrara el impedimento legal de Pincay.

Invalidez de la defensa por fallos técnicos

Un detalle técnico crucial en la resolución del 16 de abril es el rechazo rotundo al nuevo patrocinio legal del burgomaestre. El documento revela que el escrito ingresado por la defensa el pasado 16 de marzo de 2026 no contaba con una firma electrónica válida de Javier Pincay. Según el peritaje del sistema oficial, el archivo no pudo ser validado, lo que derivó en que el tribunal no tome en cuenta el patrocinio del abogado Esteban Vásconez Erazo.

Este error administrativo dejó al alcalde en una situación de vulnerabilidad jurídica, ya que sus peticiones de considerar la sanción como "cumplida" no fueron tramitadas por falta de legitimidad procesal. El TCE enfatizó que el cumplimiento de las obligaciones legales, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas como la firma electrónica, es responsabilidad directa de los sujetos procesales, y su omisión acarrea la nulidad de las pretensiones presentadas.

Ratificación de la suspensión y órdenes al CNE

El Tribunal Contencioso Electoral fue enfático al señalar que una acción de protección no es la vía idónea para suspender o modificar fallos electorales. Por ello, se dispuso que el Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifiquen la plena vigencia de la suspensión en sus respectivos registros. El auto aclara que el tiempo que Pincay permaneció en el cargo bajo el amparo de medidas cautelares no computa como tiempo de cumplimiento de la sanción.

Con esta medida, el TCE busca restablecer la jerarquía de la justicia electoral y asegurar que la rehabilitación de derechos políticos sea otorgada únicamente por el juez ejecutor una vez que se verifique la suspensión real y efectiva del cargo. La resolución del 16 de abril de 2026 marca un precedente contra el uso abusivo de las garantías constitucionales para evadir sanciones en el ámbito del derecho público ecuatoriano.

Este medio de comunicación buscó la versión oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, pero desde el área de Comunicación se informó que más adelante habrá un pronunciamiento, ya que recién salió la resolución y el alcalde estaba en el acto conmemorativo desarrollado en la Plaza Memorial San Gregorio de Portoviejo