La ministra María Paula Romo denunció que entre el 2014 y el 2017, en el régimen de Rafael Correa, se habría producido un faltante de USD 532 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL. También señala que, con base en normas jurídicas vigentes, el país debería reponer ese faltante. Diario Expreso, del 25 de septiembre del 2020, pág. 2, precisa: “Hasta ahora son USD 532 millones los que no se han podido recuperar, pero falta otro tanto”. Serían, por lo tanto, más de mil millones de dólares.
Según la ministra, el principal implicado en la “evaporación” del dinero, sería el ejecutivo Jorge Oswaldo Chérrez Miño, conocido como “El mago”, que se encuentra fuera del país. ¡De constatarse la versión, sería un mago consumado para hacer desaparecer semejante monto de la Policía Nacional! ¡Le habría quitado los huevos al águila en su propio nido y cuando estaba abarcando! ¡Inconcebible! ¡Sería motivo para una burla mundial! El acusado responde, en forma inmediata, advirtiendo que ese dinero lo habría tomado el propio Gobierno, y que así lo demostraría. Es más, circulan fotos de la Asamblea Nacional condecorándolo.
El 18 de mayo del 2017, seis días antes de dejar Correa el poder, se publica un reglamento relacionado con el ISSPOL, en cuyo artículo 69, quizá conociendo que el dinero del ISSPOL podría haber desaparecido en buena parte, se establece que de no tener dinero esta entidad para sus gastos “operacionales y prestacionales”, sin precisar motivo (mala gestión, fraude, robo, estafa) (…) solicitará (…) “la transferencia de recursos del Estado hasta en el valor que corresponda a la antedicha diferencia”.
Expreso, del 25 de septiembre del 2020, advierte que USD 220 millones fueron a la casa de valores Valparaíso, y que según José Ibáñez, su exgerente “ese dinero estaba en las Islas Caiman; en Madisson Asset, de Gustavo Trujillo, capturado en Estados Unidos por lavado de dinero. El Deutsche Bank le manejaba la cuenta a Madisson y fue embargado por la DEA de EE.UU.” ¿Alguien puede suponer que este dinero embargado por la DEA volvería a las arcas del ISSPOL?
¿Debe reponer ese monto “evaporado” desde el ISSPOL el pueblo ecuatoriano? ¿Sería justo y legal? ¿Una norma reglamentaria puede primar sobre el texto constitucional? ¿Y por qué se callan y no investigan el monto del faltante de USD 27.659 millones del IESS, según denuncia del exgerente del BIESS Vinicio Troncoso? ¡El pueblo no debería votar jamás por los responsables y encubridores de este despojo ilimitado! ¿Somos república o una guarida de asaltantes?
Diego C. Delgado Jara
