Las reformas a la Ley de Movilidad Humana están vigentes desde hace seis meses, pero no pueden aplicarse por falta del reglamento; por tanto, urge que el Gobierno se empeñe en ello para evitar que se conviertan en letra muerta.
Tales reformas contemplan, por ejemplo, las condiciones en las que puede darse la inadmisión de un extranjero al territorio nacional, o la deportación de una persona.
La política de fronteras abiertas de Ecuador, si bien beneficia al turismo y, en menor proporción, a la inversión, también ha favorecido a quienes buscan un espacio fácil para las actividades ilícitas. Algunos casos visibles son los hallazgos de grupos vinculados a peligrosas mafias internacionales, manejados por extranjeros.
“La política de fronteras abiertas favorece a quienes llegan por actividades ilícitas”.
No existe, como sí hay en otros países, un filtro para determinar quién está en condiciones de residir en Ecuador, y esto no tiene que ver con quienes buscan refugio de la violencia política y la pobreza extrema, sino con gente que ve en el territorio nacional el sitio ideal para escapar de la justicia y sentar ilícitos negocios.
La falta de convenios y la inaplicabilidad de la ley en cuanto a las deportaciones tornan más complejo el problema.
La solución, en cambio, está en que el Gobierno emita y ponga en vigencia el reglamento. Ya llevan seis meses de retraso.
Editorial de El Diario publicado este lunes 23 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
