El hecho es que ambas iniciativas deberán pasar por el filtro de la Comisión de Legislación (Congresillo) que deberá aprobarlas en cumplimiento a la primera disposición transitoria de la Constitución vigente que dispone que "en un plazo de 365 días se aprobarán, entre otras, la Ley que regule los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua para asegurar su distribución equitativa". La polémica surge con la presentación la Ley de Minería del Ejecutivo al Congresillo que desde la óptica indígena pretende privatizar el agua, contradiciendo el principio constitucional que prohíbe esa posibilidad. En este escenario el movimiento planteó una Ley del Agua, cuyo principio es que este recurso natural, es un derecho humano fundamental, de utilidad pública, interés y seguridad nacional que debe tratarse como un bien social, mas no como un bien económico. En otras palabras exige que se garantice que el agua es un recurso de uso social y un derecho de todas las personas y que sea administrada por organismos estatales. Es decir, que se considere de mayor prioridad, más que para la explotación minera, para consumo humano y producción agrícola que redunde en la seguridad alimentaria. Humberto Cholango, de la Ecuarunari, defendió la iniciativa y expresó que ésta advierte que el agua es un derecho que no puede ser privatizado. "Estamos planteando que el agua sea mejor distribuida para agricultores y que se garantice el consumo humano", insistió. Ley actual es obsoleta Cholango dijo que un error de la propuesta oficial, es que los permisos para el uso del agua para el riego, tengan que pedirse a una instancia que regula la minería y no a la que controla el agua. "Esto es peligroso porque esas instancias estarían en manos de las grandes empresas y negarían los permisos para el riego", especificó. Esa es unas de las razones por las que creemos que desembocaría en la privatización del agua, alertó. En tanto, Jurado, calificó como "equívoco" ese criterio en razón de que la Constitución, prohibe la privatización del agua. Expresó que la socialización de la propuesta de Senagua, sobre la Ley de Agua comenzó el 3 de septiembre con diferentes actores. "El razonamiento indígena refleja un franco desconocimiento", declaró Jurado e indicó que el objetivo del gobierno es regular el uso del agua, cuya vieja Ley viene de 1972, y enfatiza únicamente sobre la utilización del agua para riego, considerándose que para entonces el país era eminentemente agrícola. En este mismo sentido, se pronunció Cholango quien aceptó que dicha Ley es "obsoleta" que ya no se compadece con la realidad contemporánea del país. conaie tiene agenda de movilizaciones El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, anunció una agenda de movilizaciones para detener el paquete de leyes que vienen y que, según manifiesta, podrían afectar a la población. Santi tildó de "inconsulto" e "inconstitucional" al proyecto de Ley Minera que envió el Ejecutivo a la Comisión Legislativa y prometió que un equipo de técnicos indígenas hará un seguimiento al proyecto. Indicó que todas las propuestas de Ley tienen que previamente ser debatidas y aseguró que se están promoviendo leyes contrarias al interés ciudadano. En este marco mencionó la minera que involucra al agua, "derecho humano de todos", refirió Reitero la necesidad del archivo de la Ley Minera y una detenida discusión de las leyes del Agua; Soberanía Alimentaria, y Reforma Agraria. Agregó que el movimiento indígena acompañará el proceso con una serie de movilizaciones y la que viene será esta semana en Riobamba.