Los argumentos del rechazo los resumiré para constancia histórica de lo que han sido (y son) las peripecias del proyecto del “Megapuerto de Transferencia” (en pañales aún). De APM a TIDE (palabras más, palabras menos): “… No existe en el Contrato la obligatoriedad de APM de aceptar un paquete de modificaciones… menos aun limitar el régimen de control de la concesión… ni incluir rubros en el concepto de infraestructura que signifiquen erogación de recursos del Estado… ni disminuir las obligaciones asumidas por TIDE… ni cambiar la denominación de los bienes que deberán quedar a favor del Estado.” “… APM ratifica la obligatoriedad y vigencia del contenido del Contrato (cláusula 6) por parte de TIDE en materia de inicio de obras, cumplimiento de tráficos de carga, implementación de maquinaria y equipamiento, vigencia y renovación de garantías, auditorías externas, obligación de entregar el 5% de las acciones de TIDE que le corresponden a la APM, la designación de comisarios y el adecuado mantenimiento de los bienes afectados por la concesión…” La pretensión de TIDE (dice APM, muy en serio), “constituye un peligroso atentado al interés público que no tiene marco jurídico que lo respalde… por lo que se exhorta a TIDE para que cumpla sus obligaciones a fin de hacer realidad un proyecto que demanda la comunidad manabita y nacional, que garantizará la competitividad portuaria y el mejoramiento del comercio exterior ecuatoriano…” (clap clap clap) ¡Triple batería de júbilo! Planteada la controversia: TIDE exige reformas. APM las niega. Pero (el infaltable), no llegan a ponerse de acuerdo los contrayentes (“como en todo matrimonio”, según Lucía I). Tonces, APM decide llamar (otra vez) al “chapulín colorado” de esta historia (Marineto), para que venga a darnos salvando (previo pago de 31.000 cholo-dólares del bolsillo de APM), en lugar de haber acudido (gratiche) al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, tal como estipula el Contrato de Concesión (Resolución de Controversias: capítulo 104). En el ínterin, les cayó encima “cachito” Vera, Secretario Nacional Anticorrupción. ¿Quién lo carboneó? Nadie entendió qué mismo vino a hacer. Si a investigar rumores. Si a revisar el fiel cumplimiento del Contrato. O a regañar a los malosos que se atrevan a denunciar sin pruebas la Concesión… aclarando que él (“cachito”) “no es un novato ni un paniaguado” (¿?). Al cerrar este capítulo (penúltimo), os cuento que consulté en la Procuraduría del Estado: ¿En caso de modificaciones al Contrato de Concesión, bastaría que TIDE y APM se pongan de acuerdo? (La respuesta: el próximo domingo).