Tal es el caso de los profesores universitarios. Grupo de ciudadanos que a la hora de construir la nación tienen un papel estratégico que se afirma en el tiempo como un recurso insustituible y de primera línea. Su desempeño marca el rumbo del país, silenciosamente lo condiciona, lo encausa. La suerte de todos, ahora y después, está en manos de lo que sucede en las universidades. No sin razón el mandatario, profesor universitario también, ha recordado más de una vez su importancia y mantiene una postura que privilegia la educación superior como un instrumento de desarrollo nacional. Al tenor de los cambios, se ha dictado una ley que elimina las jubilaciones patronales de estos funcionarios, con seguridad no pensando en ellos a la hora de las decisiones, y sí por posicionamientos políticos que obligaron a redactarla, haciéndola necesaria y procedente. Con esta disposición, sin embargo, el cambio en la vida de estos ciudadanos es inevitable e inocultable. No hace falta decir que tratándose de clase media pura en las postrimerías de sus vidas, el recorte a destajo de sus ingresos golpea sus canas y ablanda sus voluntades. Nada pueden hacer porque sus energías ya se agotaron en las aulas universitarias ayudando a formar a funcionarios de gobierno como los que ahora dictan la ley que los sepulta a destiempo. Sólo resta esperar que el gobierno respete el principio jurídico de la no retroactividad de una ley dictada y la acomode a la realidad de profesores universitarios que nada tienen de asalariados de oro y sí de héroes anónimos que tienen derecho a un envejecimiento con dignidad.