Plúa, presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), asegura que este mandato gubernamental ubica a los servidores públicos del país en un ambiente de incertidumbre del que sólo se percibe penuria. “El dinero que recibimos por la jubilación nos sirve para sobrevivir comprando medicinas para mitigar las dolencias típicas de personas de nuestra edad”, revela. Con esta resolución prácticamente nos están enviando a morir, añade Plúa, argumentando que, “sin exagerar, esto empobrecerá a miles de familias ecuatorianas”. En ese sentido, el dirigente pone de ejemplo su caso. Cuenta que hace unos meses sufrió un derrame cerebral por el problema de hipertensión que lo aqueja. Desde entonces, su salud depende exclusivamente de las medicinas. Incertidumbre Guillermo Rodríguez vive una situación similar a la de Plúa. En su caso, como jubilado del Magisterio, su miedo es que su modesta pensión mensual de 390 dólares sea reducida. Rodríguez se jubiló hace dos años ganando un sueldo de 930 dólares. Eso, de acuerdo al rango de remuneración que maneja el Magisterio, lo estacionó en la décima cuarta categoría. Con sus aportaciones adicionales del 5 por ciento al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), más el 5 por ciento extra que aporta el Estado al salario básico de los maestros jubilados, Rodríguez logró ubicar su pensión en los 390 dólares referidos. Con la eliminación de ese monto adicional, su salario se verá reducido en un 40 por ciento, es decir, pasará a recibir 280 dólares. Inconformidad Arsenio Parrales, presidente del Fondo de Cesantía en Manabí, comparte la preocupación de Plúa y Rodríguez. De hecho, el funcionario califica al decreto como “inhumano”. “Esto es intolerable. No puede entenderse que a nuestra miserable pensión ahora, de yapa, se nos la quiera reducir”, enfatiza. Parrales revela que en una asamblea del Magisterio manabita se concluyó rechazar rotundamente el Mandato 1406. “El pedido es que se derogue el decreto y que se haga uno regulador, en el que se quite el privilegio que tienen los burócratas del Banco Central o de Petroecuador, no el de los pobres”, agrega. La inconformidad de Parrales es la misma que se siente en la UNE-Manabí (Unión Nacional de Educadores de Manabí). Jorge Intriago, secretario de la UNE, señala que desde esta organización se está dialogando con el Gobierno, para que éste derogue la decisión, “caso contrario nos veremos obligados a paralizarnos y a marchar por las calles”, advierte. Pagan los platos rotos Freddy Pita, presidente de la Asociación de Profesores de la UTM, asegura que esta medida "es un efecto de los 'platos rotos' que estamos pagando los servidores públicos por la culpa de los mega sueldos que perciben otros". Alistan manifestaciones Freddy Pita, de la Aso. de Profesores de la UTM, menciona que mañana se reunirán con el Gobernador de Manabí, Vicente Véliz, para plantearle el descontento que existe desde el gremio que dirije. Además confirma que el próximo jueves 20 de noviembre, viajarán a Quito para participar en una marcha con los agremiados de las diferentes organizaciones de empleados públicos que rechazan el mandato 1406. Pita advierte que lucharán hasta el final para defender los derechos adquiridos por los trabajadores ecuatorianos en sus distintas entidades. "Entendemos que la idea del Gobierno es cambiar al país, pero debe atacar a los verdaderos 'pipones', no a los que recibimos un sueldo que sólo alcanza para sobrevivir", expone. La marcha en Quito es organizada por la Federación Nacional de Profesores de las Universidades y Politécnicas del Ecuador (Fenapupe). Según la Fenapupe, en este sector existen 35 mil servidores públicos que se verían afectados a futuro. Esto sumados los catedráticos, administrativos y obreros que hay en las universidades y politécnicas públicas del Ecuador. El Gobierno aún no anuncia una explicación clara en torno a el Decreto 1406.