Entre las primeras medidas figura la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto, y la extensión del período de reclusión hasta los 18 meses en los centros de permanencia temporales en espera de expulsión. "Los ciudadanos italianos no exigen al gobierno un comportamiento racista o xenófobo, algo que jamás va a aceptar, sino una actitud firme contra la inmigración clandestina", afirmó Franco Frattini, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Italia. El objetivo del gobierno es la lucha contra la inmigración clandestina y estudia la posibilidad de introducir el patrullaje preventivo en el mar para evitar desembarcos y el endurecimiento de las normas para el pedido de asilo. La posibilidad de limitar el ingreso de la familia del inmigrante legal y de someterlos a exámenes del DNA, entre las medidas que se examinan, suscita la indignación de organizaciones no gubernamental y católicas. "Esas medidas preocupan a los inmigrantes que huyen de sus países por hambre o por las guerras", comentó Vittorio Nozza, de la organización católica Caritas. 500 MIL RUMANOS Viven en Italia de forma ilegal. El gobierno anuncia fuertes medidas.