Oswaldo Segovia, encargado del Consejo de la Judicatura en Manabí, señaló que los expedientes fueron iniciados por personas que no han estado de acuerdo con los fallos dictados. Las inconformidades varían. Segovia, quien además es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, no quiso entrar en detalles. “La querella es un legítimo derecho de los ciudadanos, ya han sido admitidas y ahora se debe esperar la decisión final”, dijo. Se pueden rever fallos El pronunciamiento oficial sobre las querellas presentadas debe darlas la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura antes de que concluya el año. Explicó Segovia que el dictamen del organismo bien puede rever los fallos impugnados a los cincuenta jueces y fiscales. “La querella ha sido un procedimiento normal, aunque en algunos casos sólo se dilatan los procesos”, sostuvo. Una vez que el Consejo Nacional de la Judicatura, creado por la Asamblea Constituyente de 1998, dicta su pronunciamiento sobre la querella ya no existe otra instancia de impugnación. Para que este proceso sea aceptado debe pasar por una etapa de argumentación de criterios. “Puede ser que muchos se sientan perjudicados, pero deben demostrar su inconformidad con argumentos”, expresó Segovia. Casos Aunque no dio nombres, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo dijo que en Manabí varios jueces han acumulado varias querellas en su contra. No es primera vez que se realizan querellas en contra de los jueces de la CSJ-P, la causa mayoritaria para las demandas son de personas que no están de acuerdo con los fallos dictados.