Los trabajadores llegaron en días pasados al Municipio con pancartas y gritos, exigiendo ser incorporados en los roles de pago del personal de obreros, un salario básico, estabilidad, uniformes y derecho a la seguridad social. Dijeron que los 40 contratistas de los que dependen no les reconocen estos derechos. Los acusan de explotación y maltrato. Por eso presentaron una demanda ante la Inspectoría de Trabvajo. El proyecto Asociación Sindical de Obreros y Obreras de Aseo de Calles del Municipio de Manta, se tramitó en dicha dependencia, pero hoy ha sido trasladado a la Subsecretaria de Trabajo del Litoral. Este intento, a decir de Pablo Cornejo, abogado defensor, ha generado el despido de 8 trabajadores por parte de los contratistas, lo que fue confirmado en la Inspectoría del Trabajo. Revisan contratos El alcalde, Jorge Zambrano, dijo que los microempresarios ofrecen un trabajo parcial, no son de tiempo completo, pero esto no quiere decir que no tengan derechos, “por ello procederemos a la revisión de los contratos para verificar sus denuncias”, expresó. Advirtió que si hay abusos, los contratos suscritos con terceras personas que tienen a cargo la responsabilidad de la recolección, barrido de calles y otros oficios de saneamiento a medio tiempo, se terminarán. Afirmó que su administración, a pesar de criterios opuestos, en su afán de mantener limpia no sólo la ciudad, sino sus áreas de influencia, entre ellas la zona rural y las vías de acceso, ha abierto el abanico de trabajo para medio millar de familias. “Un gran número trabaja en doble turno y tiene un salario doble; pero este municipio, no aceptará presiones, ni amenazas de sindicalismo de un grupo que aparece como defensores de los cientos de microempresarios de la limpieza”, anotó. Dentro de la revisión que se ejecuta a las contratistas, se posibilita el beneficio de la seguridad social por las horas de trabajo, que reclaman los trabajadores. También se suspenderán ciertos contratos, como el caso de la seguridad privada del mercado de Tarqui, que será entregado directamente a la organización “Floresmilo Mendoza”. Pablo Cornejo, quien patrocina la demanda de los microempresarios, dijo que según los artículos 36 del Código del Trabajo y 35 de la Constitución de la República, el Municipio tiene responsabilidad solidaria en todo aquello que no cumplan sus contratistas.