Está bien que el SRI exija el pago de impuestos a todos los ecuatorianos, ya que con ello se pagan las obras que benefician a los sectores productivos, mediante la construcción de carreteras, de presas que generan energía y proporcionarán agua para riego y consumo humano, educación, salud, etc. y para satisfacer también los excesivos gastos burocráticos y las exigencias despiadadas que se dan en los contratos colectivos principalmente del sector petrolero, eléctrico, telefónico, IESS y otras instituciones públicas en que exigen pago de “conquistas” hasta para sus caprichos, mientras que otros ecuatorianos que trabajan igual o más, son pésimamente recompensados. Lo malo del SRI es la forma cómo controla esos pagos y las sanciones que imponen al comerciante, por el hecho de no dar una factura o comprobante de venta, en la mayoría de los casos, inducido por el mismo FEDATARIO, que disfrazado de consumidor, paga, recibe el artículo comprado y sale velozmente, sin dar tiempo a que le sea entregado el comprobante por la compra que hizo. Tan culpable es el que recibe una coima como el que la da.