No es justo que un Estado que se precia de brindar servicios de salud gratuitos a sus ciudadanos obligue a la compra de costosas recetas, con medicinas de difícil adquisición. Tampoco es correcto que los familiares de los usuarios tengan que comprar hasta el papel higiénico y el hilo de sutura, materiales básicos con los que debe contar toda casa de salud.

La calidad y la calidez que tanto se pregonaron en este gobierno y el anterior han quedado solo como un eslogan sin aplicación.

El Gobierno debe tener claro que, como señalan las cifras oficiales, el 32 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y que los problemas se han agravado a raíz de la emergencia que conllevó la propagación del coronavirus.

Frente a esto, deben trazarse prioridades, de las que áreas fundamentales como la salud, la educación y la seguridad no pueden quedar fuera, como tal parece que ocurre actualmente.