El CNE alega que, a pesar de solicitarlo dos de los candidatos presidenciales más votados, no puede autorizar un recuento de los votos porque en forma supuesta la ley no le autoriza. Lo que en verdad pasa es que un recuento honrado desnudaría un nuevo y reiterado fraude electoral cometido en todo el país el 7 de febrero del 2021. Sobre todas las leyes, la Constitución, en su Art. 1, inciso segundo, determina: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en la Constitución.” El Art. 11, numeral 4, de la misma Constitución, ordena: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” Los artículos 424, 425, 426 y 82 de la Constitución guardan plena concordancia con esta prescripción.
El terror que les invade a muchas autoridades que antes también llegaron al poder con fraude es quedar desnudados. ¿Qué pasaría si el supuesto ganador y la mayor parte de los asambleístas “elegidos” no poseen ni la mitad de los votos, y se evidencia que ciudadanos elegidos en las urnas jamás fueron designados? ¿Qué sucedería en el país si se descubre que los bloques legislativos son producto de fraudes?
La mafia política organizadora del fraude olvida que el Art. 98 de la Constitución permite actos de resistencia, donde no se descartaría la desobediencia civil, cuando se vulneren derechos constitucionales, como en el presente caso, de manera similar a como lo hicieron en el 2009, 2013 y 2017.
En Ecuador ya no funcionan las leyes ni instituciones. Parecemos un Estado fallido. El propio CNE tiene dos vocales que fueron parte del anterior CNE, lo que es violatorio del Art. 210, inciso tercero, de la Constitución. Todas sus decisiones son nulas, jurídicamente carentes de valor. Existe una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral, en este sentido, presentado por el colectivo “Abogados por la Patria”, que tampoco se tramita. Impera la ley de la selva y de la impunidad total.
Existen votaciones poco creíbles, y hasta inexplicables, que imponen jurídica y moralmente el recuento completo de votos. ¿Tiene lógica que en Manabí quienes deberían rendir cuentas de un alegre manejo de USD 3.500 millones de dólares, de los fondos de la reconstrucción, según denuncias de la CNA, hubiesen barrido en las elecciones? ¿Cómo entender que autoridades electorales de Manabí encuentran a 46 personas con credenciales falsificadas, con el obvio propósito de colaborar en un acto fraudulento, en vez de remitir el caso a las autoridades por el delito in fraganti, actúen como encubridores y cómplices del ilícito? ¡Allí está una punta del ovillo!
